Internacional, 6 de octubre de 2026.- Un juez federal de Massachusetts suspendió la aplicación de las multas impuestas por la administración de Donald Trump a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos pese a tener órdenes de salida. La medida afecta sanciones que pueden alcanzar hasta 998 dólares diarios.
El juez de distrito George O’Toole Jr., con sede en Boston, ordenó detener la ejecución de esta normativa federal a partir del 27 de julio de 2025, mientras continúa el proceso legal. La decisión fue comunicada por la Legal Aid Society, que representa a las personas afectadas junto con otros grupos legales.
O’Toole argumentó que las demandantes tienen altas probabilidades de demostrar que la regulación es ilegal. Además, señaló que el gobierno no consideró adecuadamente las circunstancias individuales de los inmigrantes sancionados, lo que podría llevarlos a la insolvencia.
La demanda, presentada en noviembre de 2025, impugna una política que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha afectado a más de 100 mil personas y generado multas por aproximadamente 84 mil millones de dólares desde enero de 2025.
Impacto de las multas de Trump a inmigrantes
Las sanciones pueden acumularse hasta en millones de dólares, como en los casos de las demandantes Maria L. y Nancy M., quienes enfrentaron multas de cientos de miles y hasta 1.8 millones de dólares, respectivamente. Ambas mantienen contacto con las autoridades migratorias y buscan un estatus legal mediante procedimientos establecidos.
La Legal Aid Society destacó que estas multas se han impuesto incluso a personas que solicitan alivio migratorio o cumplen con las órdenes de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Una de las demandantes logró obtener una visa de inmigrante y residencia permanente legal.
Procedimiento y siguiente paso legal
En 2025, el DHS y el Departamento de Justicia modificaron el proceso para imponer y apelar estas multas, eliminando la notificación previa y reduciendo el plazo para recurrir. La suspensión ordenada por el juez impide que el gobierno haga cumplir estas sanciones mientras el litigio sigue su curso.
Este fallo representa un avance significativo para quienes enfrentaban sanciones financieras severas bajo esta política. El caso continuará en tribunales para definir la legalidad definitiva de las multas.
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