
Internacional, 12 de noviembre de 2026.- Una investigación de Reuters reveló que JD Vance, vicepresidente estadounidense, sostuvo una reunión con un comerciante petrolero una semana antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El encuentro giró en torno a la posible venta del petróleo venezolano en caso de que Estados Unidos controlara los suministros del país sudamericano.
Según los registros, Vance viajó en el Air Force Two para acudir al Yellowstone Club en Montana, donde coincidió con John Addison, operador senior de Vitol, empresa líder en comercio de materias primas. En esa reunión, Vance mostró interés en la rapidez con la que se podría vender el crudo venezolano bajo un escenario hipotético de control estadounidense.
El 5 de enero, tras la captura de Maduro, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, contactó a Addison con una oferta para vender el petróleo a compradores internacionales, con la intención de financiar una transición política. Esta llamada fue confirmada por el Departamento de Energía de EU.
Acuerdos y licencias para la venta de petróleo venezolano
Días después de la operación militar, las empresas Vitol y Trafigura recibieron permisos especiales para comercializar el crudo venezolano. Addison, cercano a Vance, facilitó estas gestiones y posteriormente se retiró para enfocarse en política y energía, siendo nombrado presidente del consejo asesor de política energética de Wright.
El demócrata Robert Garcia, del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, solicitó información sobre la obtención de estas licencias y posibles avisos anticipados sobre la operación militar. Hasta ahora, ni Vitol ni Trafigura han comentado sobre los términos de sus acuerdos con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Contexto y consecuencias del acuerdo petrolero
El 3 de enero de 2026, Donald Trump confirmó ataques militares en Venezuela y la captura de Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Trump acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico, mientras que Venezuela niega las acusaciones y acusa a Washington de buscar apoderarse de sus reservas petroleras.
Este acuerdo petrolero y la gestión de las licencias se mantienen bajo un manto de opacidad, generando cuestionamientos sobre la transparencia y el impacto político y económico de la operación en la región.
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