Jerusalén, 25 de agosto de 2026.- Israel tomó el control del último centro de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, según informó el primer ministro Benjamín Netanyahu. La acción se realizó bajo sus instrucciones y responde a acusaciones de que empleados de la UNRWA participaron en la masacre perpetrada por Hamas en octubre de 2023.
El complejo desalojado es el Centro de Formación Qalandia, ubicado en Jerusalén Este, una zona ocupada por Israel y reclamada por los palestinos como parte de su futuro Estado. Este centro, situado junto a Ramala, ha ofrecido servicios educativos a refugiados palestinos durante más de siete décadas.
La UNRWA denunció la incursión de más de 50 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes y cuatro vehículos armados en sus instalaciones, calificando la acción como una violación de la inmunidad que protege sus propiedades según el derecho internacional. La agencia recordó que el terreno fue cedido por Jordania en 1952 para el proyecto del centro.
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Israel justifica desalojo y anuncia nuevas obras
El Ministerio de Exteriores de Israel informó que iniciaron trabajos de renovación en el terreno, propiedad del Fondo Nacional Judío desde 1937, para construir escuelas, una mezquita, espacios deportivos y servicios sanitarios destinados a la comunidad local. La inversión estimada es de 40 millones de séqueles, equivalentes a 11.5 millones de euros.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, participó en el desalojo y lo calificó como una respuesta a la supuesta participación de empleados de la UNRWA en los ataques de Hamas en 2023. Sin embargo, en octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia concluyó que Israel no presentó pruebas suficientes para vincular a la agencia con Hamas ni para cuestionar su neutralidad.
Impacto y contexto del conflicto en Jerusalén Este
La decisión del Parlamento israelí de retirar la inmunidad a la UNRWA y expropiar sus locales en Jerusalén Este ha generado tensiones internacionales. La agencia mantiene que la acción viola el derecho internacional y afecta a miles de refugiados palestinos que dependen de sus servicios.
Este desalojo representa un nuevo capítulo en el conflicto entre Israel y Palestina, con implicaciones directas en la administración y control de Jerusalén Este, un territorio clave en las negociaciones de paz y en la vida cotidiana de la población palestina.
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