Ciudad de México, 5 de agosto de 2026.- Lara Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel) y catedrática de la Universidad Iberoamericana, advirtió que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias (LGPDA) presentan riesgos de censura y contienen visos de inconstitucionalidad. La experta señaló que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) se atribuye facultades que no le otorga la Constitución.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Levy explicó que la CRT, que forma parte del gobierno federal y no es autónoma, pretende ser la última instancia para imponer multas y sanciones a los medios de comunicación. Esto, dijo, representa un riesgo para la libertad de expresión si los lineamientos no se modifican antes de su entrada en vigor.
La especialista destacó que el proceso debería ser de autorregulación de los medios, con participación gubernamental limitada a la supervisión. Sin embargo, los lineamientos amplían requisitos y restricciones más allá de lo que establece la ley, incluyendo criterios subjetivos como la prohibición de información “descontextualizada”, sin definir quién evaluará esto.
Facultades y sanciones cuestionadas en los lineamientos para audiencias
Levy señaló que los lineamientos otorgan a la CRT facultades para monitorear contenidos y aplicar multas de hasta el 1% de los ingresos brutos de los medios, sin respaldo legal. Además, la comisión no admite suspensión en amparos contra sus decisiones, lo que limita recursos legales para los afectados.
La presidenta de Observatel advirtió que esta regulación favorece a los medios comerciales, pues no contempla adecuadamente a medios públicos ni sociales, que carecen de recursos para cumplir con las figuras propuestas, como los defensores de audiencias. También criticó que la CRT se erige como árbitro final en la interpretación y aplicación de los lineamientos, lo que puede derivar en censura.
Impacto y perspectivas sobre la regulación mediática en México
Levy expresó su preocupación por la creciente intervención gubernamental en la regulación de contenidos, que podría afectar la pluralidad y la libertad de prensa. Sin embargo, confió en que la consulta pública en curso permita corregir los aspectos problemáticos y lograr una “autorregulación regulada” que equilibre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión.
Finalmente, la experta enfatizó que la regulación debe respetar los límites legales y evitar facultades excesivas que puedan vulnerar derechos fundamentales. La revisión y ajuste de los lineamientos será clave para evitar un retroceso democrático en el ámbito mediático.
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