Ciudad de México, 17 de julio de 2026.- La investigación por la red de huachicol fiscal vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continúa abierta, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene las indagatorias tras la detención de Ruffo por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que las pesquisas derivan del aseguramiento de 33 ferrotanques que transportaban combustible ilegalmente. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó esta red como una de las más grandes detectadas en el país.
El funcionario detalló que el modus operandi consistía en ingresar combustible al territorio nacional pero reportar únicamente cerca del 10% de la capacidad real de los ferrotanques. Esto permitía evadir controles fiscales y obligaciones tributarias vinculadas al transporte y comercialización del combustible.
Este jueves se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión relacionadas con la red, sin embargo, aún quedan mandamientos judiciales pendientes de ejecución. Por ello, las investigaciones siguen en curso y no se descartan nuevas detenciones o acciones legales.
Impacto y alcance de la red
El esquema detectado representa un daño considerable a las finanzas públicas, al evadir impuestos y comercializar combustible de manera irregular. Además, esta actividad ilegal afecta la seguridad energética y contribuye a la proliferación de delitos relacionados con el contrabando y la delincuencia organizada.
Colaboración internacional en el caso
Por otra parte, se informó que un piloto apodado “El Jando”, vinculado al Cártel del Mayo, coopera con autoridades estadounidenses y se declaró culpable en procesos relacionados con este tipo de delitos. Esta colaboración podría aportar información clave para desarticular redes transnacionales de huachicol.
La Fiscalía mantiene un seguimiento riguroso para concluir esta investigación que lleva más de un año en curso y que busca desmantelar una de las estructuras más grandes de huachicol fiscal en México.
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