
Un video viral ha encendido la indignación: una inspectora sanitaria de Denver, Colorado, roció cloro directamente sobre alimentos de un puesto de tacos atendido por una familia latina. En las imágenes, la mujer vacía un galón de lejía sobre aguas frescas, salsas, cebollas y limones, dejando completamente inservible la comida.
Los vendedores afectados operaban bajo el nombre de Tacos Tacolorado y, según las autoridades, no contaban con los permisos sanitarios ni comerciales necesarios para vender. Ante la falta de licencia y las infracciones reportadas, la inspectora decidió destruir los insumos para evitar su reventa.
La difusión del video en TikTok, X y Facebook desató una ola de críticas. Muchos usuarios calificaron la acción como “inhumana”, “abuso de autoridad” y hasta un acto discriminatorio contra migrantes latinos. Para algunos, existía la posibilidad de usar métodos menos drásticos para sancionar a quienes incumplen las reglas.
Frente a la polémica, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver defendió su decisión: afirmaron que ese procedimiento está permitido cuando los inspectores deben “desnaturalizar” alimentos que representan riesgo para la salud pública. Según la autoridad, esta no fue una acción improvisada, sino parte de un proceso de cumplimiento luego de reiteradas citaciones.
El dueño del puesto, Isidro García Barrientos, sostiene que ha intentado obtener los permisos correspondientes. Sin embargo, desde el departamento sanitario aseguran que el negocio había sido citado por operar en varias jurisdicciones y evadir inspecciones. Además, algunos testigos aseguran que la inspectora llevaba identificación visible y que las advertencias habían sido comunicadas en español.
Este incidente ha reabierto un debate más amplio: ¿cómo equilibrar la protección de la salud pública con el respeto a los emprendedores informales? Líderes comunitarios piden protocolos más humanos y accesibles para vendedores migrantes, pues consideran que medidas como estas, aunque legales, pueden erosionar la confianza entre las autoridades y quienes trabajan en la economía informal.









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