Miami, Estados Unidos, 15 de julio de 2026.- Un tribunal federal en Miami ordenó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al empresario colombiano Álex Saab y a otros acusados pagar una indemnización de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos ilegalmente y sometidos a torturas durante su encarcelamiento en Venezuela.
El juez Darrin P. Gayles emitió la sentencia luego de que los demandados no comparecieran ante la corte, responsabilizándolos civilmente por los abusos denunciados. Además de Maduro y Saab, la resolución incluye a otros cinco implicados y a la organización conocida como “Cartel de los Soles”, vinculada con altos funcionarios venezolanos.
Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, los demandantes, aseguraron haber sufrido agresiones físicas, descargas eléctricas y otros tratos degradantes mientras permanecieron bajo custodia en Venezuela. Kenemore estuvo privado de la libertad durante 643 días tras ser detenido cerca de la frontera venezolana, mientras que Saad y Marval también fueron arrestados por organismos de inteligencia venezolanos.
El juez Gayles señaló en la resolución que estos hechos forman parte de un patrón de acciones destinadas a sostener el poder político en Venezuela. “El secuestro fue solo uno de muchos delitos cometidos con el fin de respaldar el régimen dictatorial de Maduro sobre Venezuela”, escribió el magistrado en el documento judicial.
Los tres estadounidenses recuperaron su libertad en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, en el que Estados Unidos liberó a Álex Saab, detenido por cargos relacionados con delitos financieros.
La demanda se presentó con base en una legislación estadounidense que permite a ciudadanos reclamar compensaciones por daños derivados de actos vinculados con organizaciones catalogadas como terroristas. Aunque la sentencia fija la responsabilidad económica, no implica el pago inmediato de la indemnización.
Entre los otros funcionarios venezolanos incluidos en la demanda estaba Delcy Rodríguez, quien quedó fuera del fallo tras argumentar inmunidad por su cargo, aunque esta decisión fue impugnada por los demandantes.
Antecedentes y contexto legal
Este caso se suma a otras acciones judiciales emprendidas por ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela y buscan reparación por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su encarcelamiento. La sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia para víctimas de abusos en el contexto político venezolano.
Impacto y próximos pasos
La resolución judicial podría sentar un precedente para futuras demandas similares contra funcionarios venezolanos y organizaciones vinculadas al régimen. Asimismo, pone en evidencia las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela en materia de derechos humanos y justicia.
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