
Chetumal, Quintana Roo, 16 de octubre de 2026.- El nuevo Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) en Chetumal fue inaugurado para fortalecer la atención a niñas, niños, adolescentes y sus familias. La gobernadora Mara Lezama Espinosa, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, encabezaron el acto.
Este espacio especializado permitirá el desarrollo de convivencias familiares supervisadas, entrega-recepción de menores, convivencias a distancia y evaluaciones psicológicas. Estas acciones se realizan conforme a los lineamientos de las autoridades judiciales competentes, con el propósito de proteger el interés superior de la niñez y adolescencia.
El CECOFAM en Chetumal proyecta brindar más de 9 mil servicios anuales. Su programación semanal estima atender a más de mil personas, incluyendo a quienes participan en los distintos servicios que ofrece el centro.
De julio a septiembre de 2026, se registraron mil 284 atenciones a niñas, niños y adolescentes en esta sede. Estas cifras reflejan la importancia del acompañamiento institucional que se brinda a las familias que requieren apoyo para mantener vínculos familiares en condiciones que favorezcan su bienestar integral.
CECOFAM en Chetumal fortalece relaciones familiares
Actualmente, el Poder Judicial de Quintana Roo opera tres Centros de Convivencia Familiar Supervisada en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún. Estos espacios buscan facilitar el desarrollo de relaciones familiares en contextos que requieren supervisión institucional.
Durante la inauguración también estuvieron presentes la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Elizabeth Moreno Rejón; el presidente del Órgano de Administración Judicial, Rafael Ponce Pacheco, y otros magistrados y autoridades.
Impacto y seguimiento del CECOFAM en Quintana Roo
El CECOFAM en Chetumal representa un avance en la atención especializada para la niñez y adolescencia en la entidad. Su operación contribuye a garantizar derechos y a colocar el bienestar de las familias como prioridad en la administración pública estatal.
El seguimiento a la atención y servicios que ofrece el centro permitirá evaluar su impacto y ajustar programas para responder a las necesidades de la población beneficiada.
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