Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- El Grupo de Seguridad Privada Pryse recibió contratos por casi 13 mil millones de pesos sin IVA entre 2019 y 2026, otorgados por 28 instituciones del Gobierno mexicano, según reveló el periodista Víctor Hugo Arteaga en una entrevista reciente.
La empresa, cuya accionista mayoritaria es Silvia Muciño Negrete, de 90 años y con domicilio en un departamento sobre una tienda de abarrotes, concentró una parte significativa de las contrataciones para servicios de seguridad privada subrogada. Con IVA, el monto total rondaría los 15 mil millones de pesos.
Entre las dependencias que contrataron a Grupo Pryse destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, Caminos y Puentes Federales (Capufe), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Tren Maya y la Secretaría de Marina. El IMSS y su programa Bienestar representan casi 40% de los contratos.
Durante 2025, la empresa recibió 70 contratos por más de cinco mil 500 millones de pesos, cifra que representa el 43% del total acumulado. Para 2026, los contratos sumaban mil 525 millones de pesos, y una licitación próxima en Veracruz podría superar los 600 millones adicionales.
Inhabilitaciones y recursos legales para continuar
Grupo Pryse fue inhabilitada en 2025 por órganos internos de control del AICM, IMSS y IMSS-Bienestar debido a irregularidades en procesos de contratación. Sin embargo, la empresa obtuvo suspensiones judiciales que le permitieron seguir participando en licitaciones y firmar nuevos contratos.
Un ejemplo es una licitación de mil millones de pesos en diciembre de 2025, en la que la empresa pudo participar tras obtener una suspensión provisional. Actualmente, aunque está inhabilitada, aparece registrada para una licitación de servicios de seguridad en Veracruz por 646 millones de pesos.
Contratos millonarios y cuestionamientos
El periodista destacó que el 28 de noviembre de 2025, el IMSS adjudicó tres contratos a Grupo Pryse por más de mil millones de pesos en conjunto. Además, algunos contratos carecen de descripciones detalladas, incluyendo servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento.
La investigación también señaló la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia revisen estos procesos y el destino de los recursos públicos. La concentración de contratos en pocas empresas y los montos involucrados generan dudas sobre la transparencia en la contratación pública.
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