Internacional, 8 de julio de 2026.- El Proyecto Florence para el Derecho de los Inmigrantes y los Refugiados en Arizona presentó una petición legal para detener el traslado de 108 niños migrantes no acompañados a Texas y Luisiana. La organización busca impedir que estos menores enfrenten procesos de deportación acelerada fuera de Arizona.
Entre los niños afectados se encuentra un bebé de cinco meses, ciudadano estadounidense, que permanece bajo custodia junto a sus padres en instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos.
La petición de habeas corpus fue presentada el lunes ante la Corte Federal en Tucson. Según el Proyecto Florence, esta acción legal busca proteger a los menores y evitar que la administración del presidente Donald Trump los traslade para limitar su acceso a representación legal.
El grupo humanitario señaló que esta medida responde a reportes confiables sobre planes del gobierno federal para acelerar deportaciones y eludir el debido proceso legal. Consideran que esta estrategia representa una nueva amenaza contra los derechos y la seguridad de los niños migrantes no acompañados.
Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto Florence, declaró que la ley federal prohíbe tratar a los niños como piezas en un sistema de control migratorio. Añadió que la petición busca que el tribunal exija que el gobierno respete estas normas.
Este recurso legal se suma a antecedentes recientes, como la resolución de septiembre de 2025, cuando un juez federal impidió la deportación de 57 niños migrantes guatemaltecos y hondureños tras una demanda similar presentada por la misma organización.
Protección legal para niños migrantes
El caso refleja la tensión entre políticas migratorias y derechos humanos en Estados Unidos, donde la administración actual ha intensificado medidas para controlar el flujo migratorio, incluyendo deportaciones aceleradas.
Acciones judiciales contra deportaciones
Organizaciones civiles continúan utilizando recursos legales para frenar prácticas que consideran violatorias de derechos fundamentales, especialmente en casos que involucran a menores en situación vulnerable.
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