Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Chihuahua tienen órdenes de aprehensión vigentes contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas en Chihuahua. Estas órdenes están relacionadas con investigaciones sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara.
Durante la conferencia matutina, García Harfuch señaló que ambas fiscalías cuentan con mandamientos judiciales contra Zuany Portillo, aunque evitó detallar los delitos que sustentan la orden federal. “Preferiría que fuera la fiscalía la que informara, pero sé que las dos fiscalías tienen una orden de aprehensión en su contra”, afirmó.
La orden estatal fue emitida el 16 de octubre de 2026 por un juez de Chihuahua y contempla tres delitos: ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada. Además, el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno también enfrenta acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Contexto del caso y operativo en Sierra Tarahumara
Las investigaciones se originaron tras un operativo realizado entre el 17 y 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. Durante el despliegue, fuerzas estatales y militares desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.
Al concluir el operativo, un convoy sufrió un accidente en un camino de terracería, donde murieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La presencia de estos agentes generó cuestionamientos sobre la legalidad de su participación y la posible responsabilidad de funcionarios estatales en la coordinación.
Órdenes de aprehensión y proceso legal
En octubre, Zuany Portillo promovió un amparo indirecto que suspendió temporalmente la ejecución de la orden estatal. La investigación busca esclarecer bajo qué condiciones legales participaron los agentes extranjeros y determinar responsabilidades por posibles irregularidades en el operativo.
En mayo, García Harfuch aclaró que las indagatorias no están dirigidas contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, sino que se centran en los servidores públicos involucrados en la coordinación con los agentes estadounidenses.
El seguimiento de este caso continuará conforme avancen las investigaciones y resoluciones judiciales.
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