Internacional, 14 de agosto de 2026.- El Consejo Constitucional de Francia rechazó este viernes la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, argumentando que esta medida representa una “restricción desproporcionada” a la libertad de expresión de los jóvenes. La decisión afecta una iniciativa impulsada durante el mandato del presidente Emmanuel Macron.
En respuesta, Macron encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, que elabore una nueva versión de la ley que sea jurídicamente sólida y que tome en cuenta la resolución del Consejo y el marco europeo. El Gobierno francés mantiene su intención de implementar esta reforma antes de la primavera de 2027.
La propuesta original buscaba proteger a los menores de los efectos nocivos de las redes sociales, como ansiedad, depresión y acoso en línea, problemas que han sido señalados por diversas asociaciones de defensa de la infancia. Un estudio reciente de Arcom, el regulador audiovisual y digital francés, indicó que más de dos tercios de niños entre 10 y 14 años apoyan esta prohibición.
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Restricciones y preocupaciones legales en Francia
El Consejo Constitucional consideró que la prohibición generalizada no es adecuada ni necesaria, ya que podría aplicarse a servicios en línea cuyos riesgos para los menores no están demostrados. Además, las excepciones previstas en la ley, como para enciclopedias o directorios educativos, resultaron insuficientes.
También se expresó preocupación por la implementación de un sistema de verificación de edad para los usuarios, ya que la ley no especifica las condiciones técnicas ni las garantías legales para proteger la privacidad de los menores.
Contexto internacional y próximos pasos
Francia es uno de los primeros países europeos en plantear esta prohibición, siguiendo la tendencia mundial iniciada por Australia en 2025, que estableció la restricción para menores de 16 años. Sin embargo, experiencias internacionales muestran que los menores pueden evadir estas limitaciones mediante cuentas de adultos o el uso de VPN.
La Comisión Europea también estudia establecer un acceso gradual para menores, recomendando prohibir el uso a menores de 13 años, con flexibilidad para que cada país defina su edad mínima. Mientras tanto, el Gobierno francés trabaja en una nueva redacción que respete tanto la protección infantil como los derechos fundamentales.
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