Internacional, 30 de julio de 2026.- La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, Bolivia, emitió una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales por supuestamente incitar las protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante más de 50 días. La orden fue dada a conocer el miércoles y forma parte de una investigación por varios delitos graves.
El exmandatario, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, rechazó las acusaciones y calificó la acción como una “brutal guerra judicial” impulsada por el actual gobierno de derecha encabezado por Rodrigo Paz. Morales denunció que se intenta responsabilizarlo de las movilizaciones sociales para ocultar la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, afirmó Morales en su cuenta de X, la red social anteriormente conocida como Twitter.
José Luis Gálvez, vocero del presidente Paz, aclaró que la orden de captura no proviene del gobierno sino de la justicia boliviana. La Fiscalía acusa a Morales de seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado, que conllevan penas de hasta 30 años de prisión según el Código Penal boliviano.
Acusaciones y contexto de las protestas
La investigación se originó tras una denuncia del Comité pro Santa Cruz y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Morales habría tenido un rol activo en las protestas que generaron bloqueos y un desabastecimiento crítico en ciudades como La Paz y El Alto. Estas movilizaciones dejaron 22 muertos, 88 heridos y 573 detenidos, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
El expresidente justificó las protestas como una respuesta a las medidas económicas del gobierno y a la inflación, además de la escasez de combustible. En mayo, Morales sugirió que el presidente Paz tenía dos opciones: militarizar el país o convocar a elecciones anticipadas.
Antecedentes judiciales y situación actual
En 2024, la Fiscalía ya había emitido una orden de captura contra Morales por presunta trata y tráfico de personas, acusación que el exmandatario negó y atribuyó a una persecución política iniciada por su antiguo aliado Luis Arce. El juicio comenzó en mayo de 2026, pero se suspendió debido a la ausencia de Morales, quien permanece protegido en la región del Chapare, su bastión político.
Vicente Choque, representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, confirmó que Morales cuenta con un resguardo de 2,000 personas para protegerlo. La situación judicial y política del expresidente continúa generando tensión en Bolivia mientras el país enfrenta una profunda crisis social y económica.
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