Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.- Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, solicitó una licencia temporal de 30 días naturales para separarse de su cargo a partir del 22 de junio. Esta decisión coincide con el inicio del proceso interno de Morena para definir candidaturas rumbo a la gubernatura estatal en 2027.
La solicitud será analizada y probablemente aprobada por la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, tras un dictamen favorable de la Comisión de Justicia que confirmó el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales. El documento oficial argumenta motivos institucionales y administrativos para la separación temporal.
Este movimiento ocurre en un momento político clave para Morena en Michoacán. Torres Piña es considerado uno de los perfiles con mayor presencia dentro del partido para coordinar la organización de la Cuarta Transformación en la entidad, lo que lo posiciona como posible aspirante a la candidatura gubernamental.
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Licencia legal y repercusiones políticas
El dictamen de la Comisión de Justicia señala que la licencia fue solicitada formalmente el 15 de junio y cumple con las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía, incluyendo la duración máxima de 90 días naturales. Además, se garantiza la continuidad operativa mediante la suplencia automática por la Vicefiscalía correspondiente.
En el oficio dirigido al Congreso, Torres Piña asegura que la Fiscalía mantendrá sus funciones prioritarias, como la atención a víctimas y la persecución penal, sin afectaciones durante su ausencia. Sin embargo, el contexto político amplifica el significado de esta licencia temporal.
Contexto electoral y disputa interna en Morena
El 22 de junio inicia el registro para aspirantes que coordinarán la defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones seleccionará a seis candidatos para la encuesta definitiva. En este proceso destacan figuras como el senador Raúl Morón Orozco y la coordinadora parlamentaria Fabiola Alanís Sámano, junto con Torres Piña.
La licencia abre la posibilidad para que el fiscal participe en actividades políticas y fortalezca su posicionamiento en la contienda interna. Aunque no implica renuncia definitiva, representa un reacomodo estratégico dentro del oficialismo michoacano.
Este caso también reaviva el debate sobre la autonomía de los órganos constitucionales frente a las aspiraciones políticas de sus titulares, especialmente en un estado con desafíos en materia de seguridad y justicia.
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