Los Ángeles, EU.- Una ciudadana mexicana se declaró culpable de obstruyó investigación federal en EU tras fingir que había sido secuestrada por autoridades migratorias, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La acusada fue identificada como Yuriana Julia Pelaez, de 43 años, residente de Los Ángeles.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, la mujer aceptó su responsabilidad en un cargo de conspiración para impedir, obstruir y afectar las funciones legales de las Investigaciones de Seguridad Nacional, conocidas como HSI por sus siglas en inglés. El caso se originó a partir de versiones que, según los documentos judiciales, fueron falsas y se difundieron durante junio de 2025.
Las versiones falsas sobre el supuesto secuestro
La investigación señala que Pelaez aseguró a varias personas que agentes migratorios la habían detenido cerca de un restaurante de comida rápida. Según esa versión, funcionarios de inmigración habrían activado luces de emergencia, amenazado con romper la ventana de un vehículo y procedido a arrestarla.
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El 27 de junio de 2025, contactó a integrantes de una organización de defensa de derechos de inquilinos. Entonces afirmó que las autoridades la habían trasladado a San Isidro y que la obligaban a firmar documentos de salida voluntaria del país. Ese mismo día hizo nuevas llamadas y dijo, otra vez de forma falsa, que estaba retenida en un almacén junto con otros migrantes.
Al día siguiente volvió a comunicarse con activistas. En esa llamada sostuvo que seguía detenida con personas provenientes de distintos centros de inmigración. Las autoridades mantienen que todas esas versiones formaban parte de una estrategia para aparentar una desaparición forzada y desviar la atención de la investigación.
Activistas, apariciones públicas y cambio de apariencia
Según el DOJ, el 30 de junio de 2025 activistas comunitarios realizaron una conferencia de prensa en Los Ángeles para exigir su liberación, mientras la acusada permanecía oculta en Bakersfield. Después, el 3 de julio viajó al condado de Tulare y afirmó falsamente que acababa de ser liberada por la Patrulla Fronteriza.
En ese encuentro, pidió apoyo como testigo para una eventual demanda contra las autoridades. El Departamento de Justicia también afirmó que alteró su aspecto físico y se tomó fotografías para aparentar que había sufrido malos tratos durante el supuesto secuestro. Entre el 3 y el 5 de julio apagó sus teléfonos celulares y evitó contactar a las autoridades, pese a saber que recursos públicos ya se utilizaban para localizarla.
El caso avanzó hasta una declaración de culpabilidad por conspiración para interferir con funciones federales. El juez federal Stephen V. Wilson fijó la audiencia de sentencia para el 8 de febrero de 2027. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la acusada enfrenta una pena máxima de hasta cinco años de prisión.
El proceso judicial seguirá abierto hasta la audiencia de sentencia, donde el tribunal definirá la sanción correspondiente. Por ahora, el expediente deja como hecho central que la acusada admitió haber participado en una conspiración que derivó en una investigación federal entorpecida por falsas versiones sobre su supuesta desaparición.
