Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) decidió reservar por cinco años más la información relacionada con el atentado explosivo que sufrió en mayo de 2019 la entonces senadora de Morena, Citlalli Hernández. La dependencia argumenta que la investigación se encuentra en trámite y divulgar detalles podría poner en riesgo la seguridad nacional.
Justificación de la reserva y riesgos para la investigación
En respuesta a una solicitud de información, la FGR explicó que la carpeta de investigación está activa y que revelar datos podría alertar a los involucrados, especialmente a integrantes de la delincuencia organizada. La fiscalía sostiene que la divulgación afectaría la eficacia de las diligencias y pondría en riesgo las líneas de investigación y las pruebas que sustentan el caso.
El expediente fue inicialmente reservado en junio de 2019 por cinco años, y en agosto pasado se extendió la reserva hasta 2031. En el oficio FGR/UETAG/004019/2026, la fiscalía señala que la información representa un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional y el interés público.
Contexto del atentado y reacciones
La noche del 29 de mayo de 2019, un artefacto explosivo casero con forma de libro detonó en la oficina de Citlalli Hernández, ubicada en el Senado. La legisladora sufrió quemaduras leves y logró evitar daños mayores gracias a su rápida reacción. En ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el ataque como una “bomba casera de poco impacto” y llamó a rechazar la violencia.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y quien acompañó a Hernández tras el atentado, lamentó que los detalles de la investigación sigan bajo reserva y que no se conozcan avances públicos. Indicó que nunca tuvo acceso a información sobre el caso debido a la secrecía impuesta por la autoridad ministerial.
La FGR advirtió que divulgar información reservada constituye un delito contra la administración de justicia y que los funcionarios que incumplan podrían enfrentar sanciones penales y administrativas. El caso permanece bajo estricta confidencialidad mientras continúan las indagatorias.
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