La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó la investigación por el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en medio de nuevas acusaciones sobre presuntos vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado en Sinaloa. El caso volvió a tomar fuerza luego de que autoridades estadounidenses señalaran posibles nexos entre funcionarios sinaloenses y el narcotráfico.
La reapertura de la carpeta ocurre en un contexto de alta tensión política y de seguridad en México, especialmente en Sinaloa, donde la violencia ligada al narcotráfico ha mantenido la atención nacional e internacional. De acuerdo con reportes federales, la FGR busca esclarecer si el asesinato de Cuén tiene relación con una presunta intervención criminal en las elecciones estatales de 2021.
⚖️ Investigación FGR y presunta narcoelección en Sinaloa
Las autoridades federales analizan nuevamente la hipótesis de que el homicidio de Héctor Cuén ocurrió en la finca Huertos del Pedregal, el mismo lugar donde presuntamente fue privado de la libertad Ismael “El Mayo” Zambada antes de ser trasladado a Estados Unidos. Esta versión contradice el reporte inicial de la Fiscalía de Sinaloa, que señalaba un intento de robo en una gasolinera de Culiacán.
El caso escaló aún más tras las declaraciones atribuidas a “El Mayo” Zambada, quien aseguró que Cuén habría sido asesinado durante una reunión donde también estaba citado el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Aunque el mandatario con licencia no ha sido citado oficialmente a declarar, las acusaciones mantienen presión política sobre el gobierno estatal.
🔍 Héctor Cuén y el impacto político del caso
La figura de Héctor Melesio Cuén tenía un peso importante en la política sinaloense. Además de ser exrector de la UAS, fue fundador del Partido Sinaloense y uno de los actores más influyentes en la entidad. Su asesinato provocó una fuerte reacción social y abrió dudas sobre el alcance del crimen organizado dentro de estructuras políticas locales.
El impacto del caso no solo afecta a Sinaloa. Analistas consideran que las investigaciones podrían influir en la percepción nacional sobre seguridad, gobernabilidad y transparencia electoral en México. La posibilidad de que grupos criminales hayan intervenido en procesos políticos genera preocupación entre ciudadanos, empresarios y organismos internacionales.
