Ciudad de México, 7 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó de manera formal a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. Las autoridades la acusan por su presunta participación en una compleja red de lavado de dinero por 3.4 millones de dólares. Este dinero se encuentra directamente vinculado con los desvíos del caso Agronitrogenados.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, Gilda Lozoya ordenó cinco transferencias bancarias internacionales desde la empresa fachada Tochos Holding Limited. Esta firma estaba constituida de forma legal en las Islas Vírgenes Británicas. Los fiscales sostienen que dichos recursos sirvieron para la compra de una residencia de lujo en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. Sin embargo, los abogados defensores de la imputada negaron que ella firmara o autorizara los movimientos financieros, argumentando la inexistencia de rúbricas en los documentos oficiales.
La imputación ministerial detalla que Emilio Lozoya pactó con Alonso Ancira, entonces accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), la compra sobrevalorada de la planta chatarra de Agronitrogenados en Veracruz. Este acuerdo se fraguó antes de que el exfuncionario asumiera la dirección de la petrolera estatal. A cambio del favor comercial, Lozoya recibió presuntamente un soborno de 3.5 millones de dólares, capital que terminó en una cuenta bancaria de Suiza a nombre de la citada empresa fachada.
El debate por la vinculación a proceso
Durante la audiencia celebrada el pasado 3 de julio, el Ministerio Público de la Federación presentó su teoría del caso. Los fiscales catalogaron a Gilda Lozoya como un eslabón fundamental en el esquema para ocultar el origen ilícito del dinero. La fiscalía insiste en que los movimientos en el extranjero buscaban enmascarar actos de corrupción corporativa que dañaron el patrimonio de la nación.
Por su parte, el equipo legal de Lozoya Austin solicitó una prórroga constitucional para responder a la petición de vinculación a proceso, la cual se resolverá formalmente este 7 de julio. Los defensores reiteraron que su clienta no ordenó las transferencias y que el control de esos fondos financieros estaba en manos de otra corporación.
Jueza niega prisión preventiva y ordena brazalete electrónico
El viernes pasado, la FGR solicitó formalmente la medida de prisión preventiva justificada para Gilda Lozoya debido al riesgo de fuga. No obstante, la jueza de control federal rechazó la petición de la fiscalía. En su lugar, la juzgadora impuso un esquema de medidas cautelares en libertad que incluye:
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Firma periódica obligatoria de forma quincenal ante el tribunal.
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Colocación y uso permanente de un brazalete electrónico de localización.
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Prohibición estricta para abandonar el territorio nacional.
El proceso judicial continúa para determinar si existen elementos probatorios bastantes para vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras tanto, la defensa criticó con dureza la filtración de imágenes sobre la detención de Gilda Lozoya, acusando que las autoridades vulneraron su derecho a la privacidad y el principio de presunción de inocencia.
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