Quintana Roo, 21 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó sobre la vinculación a proceso de ocho personas en tres municipios por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La acción judicial se concretó tras detenciones realizadas por diversas corporaciones policiales en Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulum.
En Benito Juárez, la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo logró la vinculación de seis individuos en audiencias separadas. Entre ellos, Pedro Constantino “N” fue imputado por posesión con fines de suministro de cannabis y metanfetamina, después de ser detenido por la Policía Municipal. Además, Luis Ángel “N” y María Goreti “N” enfrentan cargos similares tras su captura por la Policía de Investigación.
Abigail “N”, Víctor Manuel “N” y Narciso José “N” también fueron vinculados a proceso por posesión simple de cannabis. En este grupo, Narciso José “N” permanecerá en prisión preventiva justificada por un año, medida impuesta por la autoridad judicial para asegurar su permanencia durante el proceso penal.
En Puerto Morelos, Jesús “N” fue detenido por la Policía Municipal en la colonia Joaquín Zetina Gasca. La Fiscalía obtuvo su vinculación a proceso por posesión con fines de suministro de cocaína, metanfetamina y marihuana, imponiéndole prisión preventiva como medida cautelar.
Por último, en Tulum, Adrián Alejandro “N” fue vinculado a proceso por posesión simple de marihuana y cocaína. Tras su detención por agentes municipales, la autoridad judicial dictó prisión preventiva justificada mientras se desarrolla su proceso penal.
Acciones coordinadas contra el narcomenudeo
Estas vinculaciones a proceso son resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía Especializada y las distintas fuerzas policiales del estado. La FGE mantiene operativos constantes para combatir el narcomenudeo, especialmente en zonas con alta incidencia delictiva.
Impacto en la seguridad ciudadana
La aplicación de medidas cautelares como la prisión preventiva justificada busca garantizar la no reincidencia de los imputados mientras se resuelven sus casos. Estas acciones buscan reducir la circulación de drogas en los municipios afectados y fortalecer la seguridad pública.
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