Quintana Roo, 17 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que obtuvo sentencias condenatorias para dos hombres por homicidio calificado y feminicidio en grado de tentativa en los municipios de Benito Juárez y Cozumel.
El primer caso corresponde a Dorian Neftalí Álvarez Romero, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por el homicidio calificado de un hombre ocurrido el 12 de septiembre de 2022 en la avenida Tulipán, Supermanzana 260, Benito Juárez. Según la investigación, Álvarez Romero disparó a la víctima tras un choque vehicular y una discusión posterior.
Además de la pena privativa de libertad, Álvarez Romero deberá pagar una multa de 144 mil 330 pesos y una reparación por daño moral de 874 mil 722 pesos. La víctima falleció en un hospital tras ser trasladada por las lesiones causadas.
Por otro lado, Joel de Jesús Espinosa Pech recibió una condena de 12 años por feminicidio en grado de tentativa contra su expareja, en hechos ocurridos el 20 de mayo de 2022 en una vivienda de la colonia San Miguel I, Cozumel. Durante una discusión, Espinosa Pech atacó a la mujer con un cuchillo, causándole diversas lesiones.
El juez también impuso a Espinosa Pech una multa de 76 mil 976 pesos, además de la obligación de cubrir los daños materiales y morales derivados del ataque.
FGE Quintana Roo sentencias y justicia en casos violentos
Estas sentencias reflejan el trabajo de la Fiscalía para procesar y sancionar delitos graves en la entidad. La aplicación de penas privativas de libertad y multas económicas busca garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
Ambos casos fueron resueltos tras analizar las pruebas presentadas por la FGE ante jueces de Control, quienes dictaron los fallos condenatorios. La Fiscalía continúa con investigaciones para atender otros delitos y fortalecer la seguridad en Quintana Roo.
Impacto y seguimiento de las sentencias en Quintana Roo
Las condenas representan un avance en la lucha contra la violencia y el delito en la región. La reparación del daño y las sanciones económicas también buscan resarcir el impacto social y personal causado por estos hechos.
La FGE mantiene el compromiso de vigilar el cumplimiento de las sentencias y continuar con procesos legales que protejan a la ciudadanía. Estas acciones buscan disuadir conductas violentas y promover un entorno más seguro en Benito Juárez y Cozumel.
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