12 de Diciembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha dado un paso firme en la impartición de justicia en el municipio de Benito Juárez al conseguir que un Juez de Control dicte auto de vinculación a proceso contra una mujer identificada como Antonia “N”. Este resultado legal se deriva de la presentación de pruebas contundentes por parte de la autoridad, las cuales señalan a la imputada por su probable participación en el delito de trata de personas, específicamente en la modalidad de prostitución ajena, un crimen que vulnera gravemente la dignidad humana.
Los hechos que motivaron esta acción judicial ocurrieron en un establecimiento comercial situado en la Supermanzana 89 de Cancún, una zona donde las autoridades desplegaron un operativo de investigación. De acuerdo con los primeros reportes integrados en la carpeta de investigación, diversas mujeres llegaron a dicho local con la esperanza de obtener un empleo legítimo desempeñándose como meseras o ficheras, confiando en una oferta laboral que terminó siendo un engaño para captarlas y someterlas dentro del inmueble.
Modus operandi de la trata de personas
Una vez que las víctimas se encontraban dentro del establecimiento, la situación cambiaba drásticamente, ya que eran sometidas mediante amenazas e intimidación para realizar actos sexuales con los clientes del lugar. La investigación de la Fiscalía reveló que las mujeres eran obligadas a ejercer el comercio sexual bajo coacción, cobrando una tarifa establecida de 500 pesos por servicio, dinero que formaba parte del esquema de explotación sexual y trata de personas operado en el sitio.
Dentro de esta estructura delictiva, se identificó que Antonia “N” desempeñaba un rol fundamental en la administración y control de las víctimas. Las indagatorias señalan que la ahora imputada era la encargada de llevar las cuentas del negocio ilícito y, además, tenía la tarea específica de suministrar los preservativos a las mujeres explotadas. Entre las víctimas rescatadas de esta red de trata de personas se encuentran dos mujeres de identidad reservada, una de nacionalidad mexicana y otra de nacionalidad dominicana.
Tras una audiencia donde se expusieron todos los elementos probatorios recabados por la Representación Social, el Juez de Control analizó la evidencia y determinó que existían fundamentos suficientes para procesar a la acusada. Como resultado, resolvió dictar la vinculación a proceso por el delito mencionado, marcando un precedente importante en la lucha contra la explotación en la región y asegurando que el caso avance hacia las siguientes etapas legales correspondientes.
Medidas cautelares y justicia
Para garantizar que la imputada no evada la acción de la justicia y para proteger la integridad de las víctimas involucradas, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esto significa que Antonia “N” deberá permanecer recluida en el centro penitenciario correspondiente durante todo el tiempo que dure el proceso judicial, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre su responsabilidad en estos actos de trata de personas y explotación sexual en el municipio.
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