Ciudad de México, 21 de agosto de 2026.- Fernando “N”, ex servidor público, llegó a México tras ser expulsado de Argentina y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México. La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) utilizó la aeronave Gulfstream G450, matrícula AMT-205, para su traslado, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 03:25 horas.
Una vez en territorio nacional, Fernando “N” fue puesto bajo custodia de autoridades federales y sometido a una valoración médica por un legista para certificar su estado de salud. Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) indicaron que se encontraba en buenas condiciones, por lo que se autorizó su traslado inmediato al penal federal de máxima seguridad.
Bajo un dispositivo de seguridad discreto, el ex funcionario fue escoltado esposado por elementos de Infantería de Marina hasta un helicóptero de la FGR, que lo condujo al Altiplano. El operativo se realizó durante las primeras horas de este viernes para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo reclama. Está previsto que sea presentado ante el juez correspondiente a las 08:00 horas.
Traslado y custodia de Fernando N en México
La Fiscalía General de la República confirmó mediante un comunicado el arribo de Fernando “N” tras su expulsión de Argentina. La institución federal señaló que el ex servidor público estaría posiblemente vinculado a una estructura criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible.
Para concretar su traslado, la Semar dispuso la aeronave oficial en la que viajaron servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Estos participaron en las diligencias necesarias para la entrega y retorno del ex funcionario al país.
Situación jurídica y próximos pasos
Con su ingreso al penal Altiplano, Fernando “N” quedó formalmente a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere. En este centro de máxima seguridad se determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento penal en su contra.
El caso mantiene atención debido a las posibles implicaciones en delitos relacionados con el mercado ilegal de combustible. La FGR continúa con las investigaciones y el seguimiento judicial correspondiente.
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