Quintana Roo, 31 de agosto de 2026.- La reciente Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente incluye disposiciones sobre ordenamiento territorial y coordinación entre municipios y la Federación, pero carece de mecanismos efectivos para vigilar los permisos de construcción y cambios de densidad que se otorgan a nivel local.
Preocupaciones sobre la vigilancia de permisos
Irma Morales, abogada de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), señaló en entrevista que, aunque la ley menciona la coordinación en ordenamiento territorial, no garantiza una supervisión real sobre los permisos de construcción expedidos por los municipios. Morales destacó que en Quintana Roo, los municipios modifican los Programas de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) a su conveniencia, sin la coordinación adecuada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, enfatizó que la nueva ley establece una mejor distribución de competencias. Según Bárcena, los POEL son otorgados por los municipios, pero requieren el aval de Semarnat para evitar cambios arbitrarios en el desarrollo urbano. “No pueden hacer cambios de desarrollo urbano sin que pasen por nosotros. Es difícil, pero lo estamos haciendo en los 17 estados costeros de la república; ordenando la zona federal marítimo terrestre”, afirmó la funcionaria.
Impactos y desafíos en Quintana Roo
Morales recordó que en la manifestación realizada el 21 de mayo en defensa de Mahahual, se abordó el tema de los POEL y la falta de coordinación entre municipios y la federación. La abogada denunció que existen numerosos casos donde se otorgan licencias de construcción sin contar previamente con la manifestación de impacto ambiental, y que la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado entrega autorizaciones en zonas costeras, lo cual no es de su competencia.
“Cuando modifican los Planes de Desarrollo Urbano, los que pierden son la comunidad y los ecosistemas”, afirmó Morales. La especialista insistió en que, aunque la nueva ley menciona el ordenamiento territorial, es necesario implementar mecanismos reales que garanticen la coordinación institucional y la protección ambiental efectiva.
Ante estos retos, la vigilancia y regulación de los permisos de construcción municipales se presentan como un tema clave para asegurar un desarrollo sustentable y respetuoso con el medio ambiente en las zonas costeras y urbanas del país.
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