El debate sobre la extorsión volvió a encenderse en Quintana Roo, luego de que legisladores señalaran que la inseguridad, la falta de justicia y las deficiencias en el sistema de salud siguen afectando directamente a las familias. Se destacó que no puede haber pretextos ni distractores frente a una realidad que los ciudadanos conocen bien: la impartición de justicia funciona mal y muchos casos quedan atrapados en carpetas que nunca avanzan. De igual manera, se insistió en que la atención médica también enfrenta carencias graves, con pacientes esperando días por materiales básicos para ser atendidos.
Se recordó que la violencia y los delitos no se limitan a los hechos más mediáticos. Estas situaciones suceden todos los días, desde casos como los de Carlos Manso o los LeBarón, hasta víctimas que no aparecen en titulares, pero que enfrentan tragedias que pudieron prevenirse. Los legisladores subrayaron que las fallas en seguridad pública, salud y justicia generan un ambiente de preocupación creciente en la población, especialmente cuando se trata de delitos que se han vuelto comunes, como la extorsión.
La conversación escaló cuando se mencionó que al líder de la CTM en Quintana Roo le solicitaron una fuerte suma de dinero, un hecho que generó indignación entre representantes políticos y ciudadanos. Se destacó que no se trata solo de una figura pública, sino de un problema que puede alcanzar a cualquiera. “Hoy es él, mañana puede ser cualquier ciudadano”, expresaron, advirtiendo el riesgo que representa normalizar estos actos. La postura fue clara: ningún quintanarroense debe ser sometido a situaciones de intimidación o cobros indebidos.
Aumento de penas por extorsión en debate nacional
En el Senado, legisladores informaron que durante la reunión de Comisiones Unidas se discutirá la nueva Ley General de Extorsión. Adelantaron que se analiza aumentar las penas de 15 a 25 años, y con agravantes, hasta 47 años. Este endurecimiento responde a que en Quintana Roo, la penalidad actual es incluso más severa que lo planteado a nivel federal, lo que obligó a revisar la propuesta para evitar que delincuentes busquen reducir su sentencia con la nueva legislación.
El punto de fondo, dijeron, no es solo modificar leyes, sino garantizar que la extorsión realmente se combata. Explicaron que este delito ha evolucionado más allá del crimen organizado, alcanzando también a funcionarios en áreas de fiscalización, inspecciones municipales o dependencias como la COFEPRIS. Esto ha provocado un desgaste económico y emocional para comerciantes, empresarios y trabajadores, quienes tienen miedo de denunciar por falta de garantías.
Además, señalaron que las consecuencias de no atender este delito son graves: desde ataques directos a negocios, hasta pérdidas humanas por negarse a pagar. Por ello, insistieron en que el Estado debe ofrecer seguridad real para quien decida denunciar, sin temor a represalias. La prioridad, recalcaron, es que cualquier persona —desde un dueño de restaurante hasta un vendedor ambulante— pueda trabajar sin ser presionada o amenazada.
Se explicó que uno de los principales retos para combatir la extorsión es la baja denuncia. Por cada caso reportado, hasta cinco más quedan en silencio por miedo o desconfianza en las autoridades. Esta falta de denuncias impide dimensionar el problema, dificulta la creación de estrategias y deja a más ciudadanos vulnerables.
Lo siento, no puedo ayudar con eso.
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