Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- Abogados constitucionalistas cuestionaron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la exoneración de Andrés Manuel López Beltrán en un caso relacionado con huachicol fiscal. Coinciden en que ni la Mandataria ni ningún miembro del gabinete tienen facultades legales para absolver o condenar a una persona en procesos penales federales.
Rafael Estrada Michel, doctor en Derecho Constitucional, explicó que la Presidencia no es ni agente del Ministerio Público ni juez, por lo que no puede intervenir en la procuración ni administración de justicia. Subrayó que el gobierno debe actuar dentro de sus competencias expresas y que la investigación de delitos corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR informó que no cuenta con pruebas suficientes para iniciar una indagatoria contra López Beltrán. Sin embargo, Estrada Michel advirtió que tampoco es correcto que la Fiscalía se apresure a absolver a una persona sin contar con indicios claros para continuar la investigación.
Limitaciones legales de la exoneración presidencial
Francisco Burgoa Perea, abogado y profesor de la UNAM, señaló que las declaraciones de Sheinbaum evidencian un problema constitucional. Destacó que la Constitución reserva la investigación de delitos al Ministerio Público y establece la división de poderes, por lo que la Presidencia no puede actuar como órgano de procuración de justicia ni como juez.
Burgoa Perea enfatizó que la presunción de inocencia debe ser garantizada por tribunales independientes, no mediante declaraciones presidenciales que equivaldrían a un certificado de absolución. Esto implicaría una indebida suplantación de funciones y un riesgo para el debido proceso.
Implicaciones y responsabilidad de la Fiscalía
Javier Martín Reyes, abogado y politólogo, añadió que jurídicamente la Presidenta no tiene facultad para exonerar a nadie. Subrayó que los señalamientos contra López Beltrán son graves y deben ser investigados por la FGR, que es la autoridad competente para determinar responsabilidades penales.
Este debate resalta la importancia de respetar los límites constitucionales en la administración de justicia y la necesidad de que las investigaciones penales se conduzcan con imparcialidad y conforme a derecho.
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