
Ciudad de México, 29 de agosto de 2026.- El exdirector interino de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Derek Maltz, publicó un video elaborado con inteligencia artificial en el que acusa al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el narcotráfico. En la grabación, una versión digitalizada y sonriente de Rocha Moya aparece diciendo: “Nos vemos pronto en EU; quizás me pueda quedar con El Chapo”.
Acusaciones y contexto político
El video fue difundido en la plataforma X, acompañado por un texto en el que Maltz señala que Rocha Moya habría conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Estas acusaciones se suman a las declaraciones del actual director de la DEA, Terrance Cole, quien en varias ocasiones ha mencionado la posible colusión de funcionarios mexicanos con el narcotráfico, aunque sin identificar nombres específicos.
Hace apenas una semana, Maltz también pidió en redes sociales que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, organizara un operativo para detener a Rocha Moya, argumentando que los políticos corruptos brindan servicios críticos a los cárteles del terror.
Investigaciones y respuesta oficial
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de Sinaloa de mantener vínculos con la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como los Chapitos. Sin embargo, el gobierno mexicano ha solicitado pruebas concretas que respalden estas acusaciones, las cuales hasta ahora no han sido presentadas públicamente.
Actualmente, Rubén Rocha Moya se encuentra fuera del cargo con licencia indefinida mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en su contra. La situación genera un ambiente de tensión política y legal en Sinaloa, con repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Este caso destaca el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para la difusión de mensajes políticos y judiciales, lo que plantea nuevos retos en la verificación de información y el manejo de la opinión pública.
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