Ciudad de México, 7 de septiembre de 2026.- Julieta Del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), denunció que reservar la declaración patrimonial de Octavio Romero, director general del Infonavit, viola leyes y la Constitución. La especialista pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisar esta decisión.
Del Río explicó que las declaraciones patrimoniales deben ser públicas, salvo en los casos que afecten la vida privada o datos personales protegidos constitucionalmente. Citó el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece esta obligación.
Además, la excomisionada señaló que la clasificación como “confidencial” carece de la debida fundamentación y motivación, lo que contraviene el artículo 6 Constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ello, consideró que la Secretaría Anticorrupción debería intervenir para garantizar la transparencia.
Reserva de la declaración patrimonial y sus implicaciones
El pasado 13 de julio, el Comité de Transparencia del Infonavit aceptó mantener reservada la información patrimonial de Octavio Romero, incluyendo número y valor de vehículos, ingresos y propiedades. Esta decisión impide conocer detalles sobre sus finanzas personales y empresariales, a pesar de su cargo público.
Desde que asumió la dirección del Infonavit, Romero Oropeza ordenó clasificar como confidencial toda su declaración patrimonial. Esto ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, especialmente en un contexto donde la fiscalización ciudadana es clave para combatir la corrupción.
Contexto legal y llamado a la revisión del caso
La Ley General de Transparencia protege la información que debe ser confidencial, pero la declaración patrimonial no debería ser reservada a discreción. La excomisionada Del Río insistió en que la reserva debe estar justificada legalmente y no puede aplicarse de forma arbitraria.
Este caso pone en evidencia la tensión entre la protección de datos personales y el derecho ciudadano a la transparencia. La revisión del caso por parte de la Secretaría Anticorrupción será fundamental para definir los límites legales y garantizar el acceso a la información pública.
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