Washington, 18 de agosto de 2026.- Estados Unidos impuso sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye. La medida se anunció este martes en el marco de la campaña estadounidense contra la CPI, a la que acusa de politización.
El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que ambas personas están involucradas en investigaciones y acciones judiciales contra funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción del tribunal. Rubio calificó a la CPI como un organismo que ha abusado de su autoridad y atacado la soberanía estatal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro detalló que permitirá operaciones limitadas con las cuentas asociadas a Akane y Seye hasta el 17 de septiembre para liquidar compromisos pendientes. Además, sancionará transacciones con cualquier entidad en la que estas personas tengan una participación mayoritaria.
Sanciones y contexto político contra la CPI
Tomoko Akane, como presidenta de la CPI, tiene funciones principalmente institucionales y de representación. Por su parte, Abdoulaye Seye ha supervisado investigaciones sensibles para Washington, como la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, que creó la CPI en 2000, y rechaza la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya. La administración Trump ha impuesto sanciones previas a jueces y fiscales de la CPI, especialmente por investigaciones relacionadas con Israel, aliado clave de Washington.
Impacto y consecuencias de las sanciones
En 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, además de varios miembros de Hamas. Estas acciones han provocado tensiones con Estados Unidos, que considera a la CPI una amenaza a su seguridad nacional.
La orden ejecutiva firmada por Trump en febrero ha servido para sancionar también a la Relatora Especial de la ONU sobre derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a organizaciones palestinas. Estas medidas reflejan un endurecimiento en la postura estadounidense frente a la justicia internacional.
El seguimiento de estas sanciones y su impacto en la relación entre Estados Unidos y la CPI será un tema clave en la agenda internacional en los próximos meses.
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