
Washington, 30 de septiembre de 2026.- Estados Unidos impuso sanciones contra 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló a Torres como un operador político que facilitó las actividades del cártel en la región.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas de las 46 personas y entidades señaladas por el Tesoro estadounidense. La UIF identificó operaciones financieras riesgosas y reportes de irregularidades que justificaron estas medidas preventivas.
El Departamento del Tesoro describió a Carlos Alberto Torres como un facilitador que usó su influencia política para proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención gubernamental y policial en Baja California. Además, recibió pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, para permitir la operación del cártel con impunidad.
Exesposo de Marina del Pilar y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa
El gobierno estadounidense también sancionó a Luis Torres, hermano de Carlos Alberto, acusado de lavar dinero y manejar sobornos a través de empresas y campañas políticas. Entre las compañías afectadas están Vida Orgánica Tijuana y The Woods Bar, vinculadas a Luis Torres. Carlos Alberto Torres es accionista de Vida Orgánica.
Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua, fue señalado por favorecer actividades delictivas de José Ángel Rivera Zazueta, alias Flaco, líder del Cártel de Sinaloa y proveedor de fentanilo. Buenrostro recibió sobornos a cambio de influir políticamente para impulsar estas operaciones.
Impacto y acciones legales tras las sanciones
La OFAC también sancionó a lavadores de dinero vinculados al cártel, como Ilia Elizabeth Félix Rivera, facilitadora financiera de Los Mayos, y su empresa Galerías Centro Cambiario en Tijuana. La casa de cambio Mia Centro Cambiario fue sancionada por lavado de dinero.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que estas sanciones demuestran que ningún capo, funcionario corrupto o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades. El mensaje es claro: se desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace la seguridad o el sistema financiero.
Estas medidas buscan debilitar la influencia de los cárteles en el gobierno mexicano, especialmente en Baja California, donde se detectaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.
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