Washington, 8 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició demandas legales contra 17 ciudadanos naturalizados, incluidos dos mexicanos, para revocarles la ciudadanía por presuntos fraudes cometidos durante sus procesos migratorios y delitos graves.
Entre los acusados se encuentran María Lourdes Montoya y Armando Mendoza. Montoya es señalada por haber falseado la identidad de su esposo para obtener la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía. Según la acusación, ella se presentó como esposa de un ciudadano estadounidense fallecido, mientras que en realidad estaba casada con un mexicano que asumió otra identidad.
En el caso de Mendoza, se le imputa haber recibido imágenes sexualmente explícitas de menores en 2009 y mentir en su solicitud de naturalización en 2011 al negar antecedentes penales. Posteriormente, en 2013, se declaró culpable por la recepción de dichas imágenes.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que estos casos representan un abuso del proceso de naturalización y que el Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero frente a quienes mienten o cometen delitos para obtener la ciudadanía.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reiteró que la ciudadanía es un privilegio que debe ganarse honestamente y que se usarán todos los recursos legales para expulsar a quienes la obtuvieron fraudulentamente.
De prosperar las demandas, los afectados perderían la ciudadanía y regresarían a su estatus migratorio anterior, quedando expuestos a la deportación. Estas acciones forman parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas desde el regreso de la administración Trump en 2025.
Contexto y alcance de las acciones legales
Las demandas se presentaron en tribunales federales y abarcan delitos que incluyen desde abuso sexual a menores hasta narcotráfico y fraude bancario. Además de mexicanos, la lista incluye ciudadanos de Cuba, Haití, Colombia, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.
Impacto en el sistema migratorio estadounidense
Estas medidas buscan reforzar la integridad del proceso de naturalización y evitar que personas con antecedentes penales se aprovechen del sistema migratorio. El Departamento de Justicia enfatiza que otorgar la ciudadanía a quienes realmente la merecen es una prioridad para la administración actual.
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