Washington, 7 de octubre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos propuso una tarifa de hasta 70 mil dólares para las universidades por cada estudiante extranjero inscrito en el programa de capacitación práctica opcional (OPT). Esta medida busca endurecer las regulaciones migratorias para estudiantes internacionales que trabajan en el país.
La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece que las instituciones educativas deberán pagar 70 mil dólares por la solicitud inicial de cada estudiante en el programa OPT, que permite trabajar en empleos relacionados con su especialidad durante o después de sus estudios. Además, se cobrarían 30 mil dólares por cada renovación.
El programa OPT es especialmente utilizado por estudiantes en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), quienes pueden extender su permiso laboral hasta por tres años. La nueva tarifa afectaría a universidades que dependen de la matrícula internacional como fuente importante de ingresos, así como a empresas tecnológicas que contratan a estos estudiantes.
Impacto en universidades y sectores tecnológicos
Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, asociación que representa la educación internacional, advirtió que esta medida podría ahuyentar talento y perjudicar la innovación y el crecimiento económico en Estados Unidos. Señaló que el programa OPT ayuda a cubrir la escasez de mano de obra en campos de alta demanda.
Por su parte, el DHS justificó la tarifa como una respuesta contra el fraude y abuso del programa de visas, calificándolo como una vía para mano de obra extranjera barata. La propuesta estará abierta a comentarios públicos durante 60 días antes de su posible implementación.
Contexto y próximos pasos
Esta iniciativa forma parte de una serie de acciones del gobierno de Donald Trump para restringir la presencia de estudiantes internacionales. En años recientes, se cancelaron estatus legales y se intentó limitar la duración de la estadía de estos estudiantes, aunque algunas medidas fueron detenidas por tribunales federales.
La propuesta podría enfrentar impugnaciones legales por parte de universidades y asociaciones empresariales, lo que podría retrasar su entrada en vigor. Mientras tanto, la comunidad educativa y tecnológica evalúa el impacto que tendría esta tarifa en la matrícula y la contratación de talento extranjero.
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