Ciudad de México, 8 de agosto de 2026.- La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a México a un grupo de personas que contaban con protección judicial por riesgo de tortura, informó este sábado el diario The New York Times. La medida se realizó tras consultas y garantías diplomáticas otorgadas por la Cancillería mexicana.
Los deportados eran solicitantes de refugio que habían demostrado ante tribunales que, de regresar a México, enfrentarían torturas por parte de grupos narcotraficantes o del crimen organizado. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) no detalló el número exacto de personas ni las razones específicas que justificaron inicialmente su protección.
El DHS afirmó que entre los deportados se encontraban miembros de bandas criminales, narcotraficantes, un violador de menores y un asesino. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que, si estas personas completaron sus procesos legales en el extranjero, procede su retorno conforme a la ley mexicana. Además, señaló que se revisará si tienen órdenes penales vigentes en México y que la tortura está prohibida por la Constitución y tratados internacionales.
Críticas de organizaciones civiles por deportaciones
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expresó preocupación por esta acción. Lee Gelernt, abogado de la organización, calificó como “indignante e inconstitucional” que ICE decida unilateralmente la credibilidad de las garantías diplomáticas para deportar a personas con riesgo comprobado de tortura.
Asimismo, Human Rights First advirtió sobre la integridad física de los deportados al regresar a un entorno peligroso. Robyn Barnard, vicepresidenta de derechos de refugiados, señaló que si sus solicitudes se basaron en la probabilidad de tortura por cárteles o crimen organizado, existe riesgo de desaparición al llegar a México.
Implicaciones legales y seguimiento en México
La Cancillería mexicana reiteró que el retorno se ajustará a los procesos legales vigentes y que se respetan los derechos humanos. No obstante, el caso genera un debate sobre el uso de garantías diplomáticas para deportar a personas con protección judicial previa.
Este hecho podría sentar un precedente para otros casos de refugio en Estados Unidos y plantea interrogantes sobre la protección efectiva de personas en riesgo. Las autoridades mexicanas deberán evaluar cada caso para garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los deportados.
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