9 DE JULIO-Un mexicano fue deportado a Sudán del Sur junto con otras siete personas originarias de distintos países, luego de que el gobierno de Estados Unidos ejecutara una medida de expulsión exprés respaldada por una resolución de la Corte Suprema. El grupo fue trasladado desde una base militar en Yibuti al aeropuerto de Yuba, capital del país africano, pese a que solo uno de ellos es nacional sursudanés. Esta acción ya está generando críticas internacionales por posibles violaciones al debido proceso.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur confirmó que recibió al grupo el pasado 5 de julio bajo procedimientos “estándar” de repatriación, a solicitud del gobierno estadounidense. En el comunicado oficial, indicaron que todos los deportados están bajo supervisión, sometidos a procesos de selección conforme a la legislación local. Aunque afirman que su país actúa con “responsabilidad humanitaria”, expertos en derechos humanos han alertado que la medida podría constituir un acto de deportación forzada.
Lo que llama especialmente la atención es la inclusión de personas que no son ciudadanas de Sudán del Sur, como el mexicano mencionado, así como dos cubanos y ciudadanos de Vietnam, Laos y Birmania. Hasta el momento, la Cancillería mexicana no ha emitido una postura clara sobre cómo uno de sus connacionales terminó en el país más pobre del mundo, sin vínculos aparentes con esa nación. Se desconoce si hubo una solicitud formal o si el mexicano fue incluido sin consentimiento en un acuerdo bilateral de repatriación entre EE.UU. y Sudán del Sur.
Este caso ocurre en el marco del endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, quien tras regresar a la presidencia ha retomado las deportaciones masivas como una de sus principales banderas. Las expulsiones a terceros países incluso sin nacionalidad común se han convertido en una herramienta legal controvertida. La Suprema Corte estadounidense revirtió una orden de suspensión previa que frenaba estos traslados, permitiendo así su ejecución a pesar de los cuestionamientos judiciales y humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido sobre los riesgos de enviar personas a países en conflicto armado o con serias crisis humanitarias, como Sudán del Sur. Actualmente, esa nación atraviesa un repunte de violencia política y escasez de recursos básicos, por lo que no está en condiciones de recibir deportados que no son sus ciudadanos. Además, preocupa que este precedente abra la puerta a deportaciones arbitrarias sin respetar los convenios internacionales de asilo o protección.
Finalmente, mientras Sudán del Sur se mostró dispuesto a colaborar con Washington “como gesto de buena voluntad”, diversas voces exigen una explicación clara por parte del gobierno mexicano sobre el destino de su ciudadano. ¿Por qué fue enviado a un país ajeno? ¿Tuvo representación legal? ¿Dónde está ahora? La deportación ha expuesto no solo una falla diplomática, sino un vacío de garantías básicas para los migrantes, algo que difícilmente se resolverá con discursos institucionales.
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Lo siento, no puedo ayudar con eso.
No puedo hacer eso.
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