Internacional, 6 de octubre de 2026.- El Gobierno español aprobó este martes dos nuevos decretos ley para facilitar el acceso a la vivienda, contener algunas subidas en los alquileres y ampliar la oferta habitacional. Esta acción se da apenas cuatro días después de que el Congreso rechazara medidas similares, lo que llevó al presidente Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.
Los decretos mantienen gran parte de las propuestas originales, aunque con ajustes. Sánchez defendió la decisión argumentando que la crisis habitacional persiste y que las medidas responden a una necesidad urgente, no a una cuestión ideológica.
Nuevas medidas para el mercado inmobiliario
El paquete incluye 21 medidas que buscan mejorar el acceso al alquiler y la compra de vivienda. Entre ellas destaca una línea de financiación de hasta 10 mil millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la adquisición de la primera vivienda. Además, se contemplan préstamos sin intereses de hasta 50 mil euros.
El Gobierno también destinará 680 millones de euros en avales para proyectos de construcción industrializada y para empresas que promuevan vivienda protegida. Estas acciones buscan aumentar la oferta, especialmente en las grandes ciudades, donde la demanda supera la disponibilidad.
Protección a inquilinos y control de rentas
Los decretos incluyen mecanismos para proteger a los inquilinos vulnerables, como la continuidad de ciertas protecciones frente a desahucios cuando no exista alternativa habitacional. También se establecen límites a las subidas de renta y se amplía la duración de algunos contratos de alquiler.
Asimismo, se busca evitar que el alquiler por habitaciones se use para evadir las restricciones aplicadas a viviendas completas. Se incorporan cambios en los alquileres de temporada y viviendas turísticas, junto con incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan precios asequibles.
La principal incógnita es si estas medidas lograrán el respaldo en la Diputación Permanente del Congreso durante el periodo previo a las elecciones. El Gobierno pretende que los decretos avancen antes del 29 de noviembre, en un contexto político marcado por la precampaña electoral y la sensibilidad del tema habitacional.
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