El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú —copropietario de la franquicia Miss Universo— se encuentra en el centro de un escándalo mayúsculo. Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Rocha Cantú habría pagado millones de pesos a funcionarios para obtener información confidencial sobre posibles investigaciones abiertas en su contra.
Documentos de la causa penal 495/2025 revelan que los sobornos iban desde 120 mil hasta dos millones de pesos, entregados a través de intermediarios vinculados con una red criminal que operaba tráfico de armas, contrabando de combustible (“huachicol”) y lavado de dinero.
La estructura investigada presuntamente infiltra personal dentro de la fiscalía —específicamente en la unidad especializada en materia de delincuencia organizada (FEMDO)—, lo que habría permitido filtrar expedientes y anticipar acciones legales en su contra.
El 15 de noviembre de 2025, un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra Rocha Cantú y al menos 12 personas más, acusadas de narcotráfico, tráfico ilegal de hidrocarburos y armas, y pertenencia a organización criminal. Sin embargo —y de forma sobresaliente—, Rocha habría logrado evitar su detención inmediata al acogerse a un “criterio de oportunidad” y convertirse en testigo protegido.
La revelación de estos hechos sacude no solo al mundo del entretenimiento —donde Miss Universo goza de gran visibilidad—, sino también al ámbito judicial y político. La mezcla de belleza, fama y denuncias de crimen organizado apunta a uno de los escándalos más graves que ha sacudido a la industria del certamen en años recientes.
No puedo hacer eso.