Madrid, España, 21 de septiembre de 2026.- El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La decisión se tomó tras una investigación que duró casi dos años y medio.
El magistrado rechazó imponer medidas cautelares contra Gómez, pero ordenó investigar su capacidad económica y solicitó las cinco últimas declaraciones fiscales para evaluar posibles responsabilidades económicas. Además, Gómez deberá permanecer a disposición del juzgado y comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, basada en reportes periodísticos. Inicialmente, el juez consideró que Gómez debía ser juzgada por cuatro delitos, incluyendo apropiación indebida y corrupción en los negocios, relacionados con su labor como codirectora de una cátedra pública en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, tras un recurso de la defensa, la Audiencia Provincial de Madrid limitó el juicio a los cargos de tráfico de influencias y malversación, sobreseyendo los otros dos.
Begoña Gómez y el cambio en su trayectoria profesional
El auto judicial señala un cambio significativo en la carrera profesional de Gómez desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en junio de 2018. Según el juez, se detectaron decisiones públicas que favorecieron a la cátedra que ella codirigía, presuntamente aprovechando su relación con el presidente. Gómez habría combinado su posición institucional, actividad académica y vínculos con directivos y empresas relacionadas con el sector público para obtener beneficios en la financiación de la cátedra.
El proceso judicial también incluye a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, acusada de malversación. La organización ultraderechista Hazte Oír coordina las acusaciones populares que solicitan hasta 13 años de prisión para Gómez.
Reacciones y consecuencias del caso judicial
Fuentes del gobierno español calificaron la apertura del juicio como una instrucción arbitraria e injusta, atribuyéndola a una persecución judicial por la condición de esposa del presidente. Insisten en la inocencia de Gómez y expresan confianza en que el jurado dictará justicia.
Este caso ha sido utilizado por la oposición política para cuestionar la integridad del presidente Sánchez, vinculándolo con presuntos actos de corrupción. La causa continuará en la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá fijar la fecha para el juicio oral.
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