Cancún Q.Roo 20 Febrero 2024 Manuel Augusto Espinosa Alemán, representante legal de Construplaya S.A. de C.V., denunció públicamente una millonaria deuda de la empresa Distribuciones GP, conocida por operar tiendas de artesanías bajo el nombre de “Plaza La Fiesta”. De acuerdo con Espinosa, la deuda asciende a 97 mil 068 dólares por concepto de renta atrasada, además de intereses que superan los 111 mil dólares.
El conflicto legal surgió cuando Distribuciones GP, representada por Gabriel Guiza, dejó de pagar la renta de un local comercial ubicado en Plaza Antigua antes de la pandemia, acumulando meses de adeudo. A pesar de que la deuda ya fue confirmada por una sentencia judicial, Espinosa afirmó que el proceso de cobro se ha complicado debido a maniobras legales y cambios en la estructura empresarial de los deudores.
«Ellos cambiaron los contratos de las tiendas a otras razones sociales para evadir la responsabilidad del pago. Además, el representante legal firmó como aval y ahora alega no vivir en la dirección registrada», explicó el empresario. También aseguró que han presentado pruebas, incluyendo los datos de un acta de matrimonio, para demostrar que el deudor reside en una lujosa propiedad en la zona hotelera de Cancún, a pesar de negarlo en el proceso judicial.
Espinosa acusó a los representantes de Distribuciones GP de utilizar estrategias para evitar el pago, como cambiar el nombre de las empresas y declararse insolventes. “Se ostentan como dueños de tiendas valuadas en aproximadamente 300 millones de pesos, pero evaden el pago de una deuda que no llega a los seis millones”, afirmó.
El empresario subrayó que no busca dañar la reputación de la empresa, sino alertar a otros comerciantes y prevenir que más personas sean afectadas por este tipo de prácticas comerciales que considera poco éticas. «Es importante que la comunidad esté informada para que no sigan engañando gente», añadió.
Espinosa destacó que las autoridades han hecho su trabajo conforme a la ley, pero el proceso se ha alargado debido a la complejidad del caso y a los recursos legales utilizados por la parte demandada. Además, mencionó que la deuda podría prescribir en ocho años si no se logra el cobro.
A pesar de los obstáculos, el representante legal de Construplaya se mostró optimista respecto al cobro de la deuda y señaló que continuará presentando pruebas para demostrar la relación entre el deudor y la propiedad embargable. «Sabemos dónde vive, pero debemos comprobarlo legalmente para que se proceda con el embargo», explicó.
Hasta el momento, Distribuciones GP no ha emitido un comunicado oficial al respecto. La situación sigue en desarrollo y se espera que continúe el proceso judicial en busca de una solución definitiva.
Es genial ver que se están tomando medidas para mejorar la situación. Sin embargo, a veces siento que las promesas se quedan en palabras y no se ven resultados concretos. Hay que seguir presionando para que realmente se cumplan lo que dicen.