Internacional, 19 de agosto de 2026.- Estados Unidos impuso sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y Abdoulaye Seye, miembro de la Fiscalía, en un nuevo paso de la administración Trump para debilitar al tribunal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció que las sanciones entraron en vigor el martes y permitirán operaciones limitadas para liquidar cuentas hasta el 17 de septiembre. Además, se sancionarán transacciones con entidades en las que Akane o Seye tengan una participación mayor al 50%.
Como presidenta, Akane tiene funciones institucionales y de representación, mientras que Seye ha supervisado investigaciones sensibles para Washington, como la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI ni su autoridad sobre sus ciudadanos ni los de Israel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la CPI como un tribunal “corrupto y profundamente politizado” que abusa de su autoridad. Rubio adelantó que la campaña para desmantelar la corte se intensificaría en las próximas semanas, en línea con la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero que considera a la CPI una amenaza para la seguridad nacional.
La CPI advierte sobre riesgos al orden jurídico internacional
La Corte Penal Internacional respondió que las sanciones “socavan el Estado de derecho” y ponen en riesgo el orden jurídico internacional. En un comunicado desde La Haya, la CPI afirmó que continuará actuando con independencia e imparcialidad conforme al Estatuto de Roma, y que no se dejará intimidar.
La CPI recordó que su mandato es investigar y juzgar crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y agresión cuando los tribunales nacionales no actúan. La corte también expresó su respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades.
Reacción de Japón ante las sanciones a Tomoko Akane
El Ministerio de Exteriores de Japón calificó las sanciones como “muy lamentables” y reiteró su apoyo a la CPI. Japón destacó que ha respaldado sistemáticamente al tribunal en su labor para castigar los delitos más graves y defender el Estado de derecho.
Además, Tokio aseguró que mantendrá comunicación con los países involucrados y seguirá comprometido con fortalecer el Estado de derecho en la comunidad internacional.
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