Internacional, 6 de noviembre de 2026.- Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra empresas cubanas de los sectores petrolero y electrónico, además de incluir a la hija de la presidenta del conglomerado GAESA, controlado por militares en Cuba.
El Departamento de Estado informó que la medida afecta a siete compañías, entre ellas Caroil, un operador de buques cisterna registrado en Chipre, y Tentacool, con sede en Panamá. También se sancionaron Internacional Marítima y Petromarca, que poseen dos buques cada una.
Asimismo, por primera vez se incluyeron dos empresas chinas, CEIEC y Beijing H&C Technologies, acusadas de vender material de defensa y sistemas de seguridad a Cuba. Estas sanciones prohíben a las empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con las entidades afectadas.
Sanciones en Cuba y su impacto económico
El comunicado oficial señala que la élite gobernante cubana monopoliza los recursos energéticos y de transporte marítimo para su beneficio, mientras la población enfrenta apagones, escasez de combustible y una economía estancada. Para sostener este sistema, el régimen depende de intermediarios en el extranjero.
Desde enero, Estados Unidos mantiene un bloqueo petrolero de facto que ha agravado la crisis energética en Cuba, un país que solo puede cubrir un tercio de sus necesidades energéticas con producción propia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a La Habana de revender el crudo recibido de Venezuela y otros proveedores para obtener divisas, lo que ha motivado estas nuevas sanciones económicas.
Medidas financieras y consecuencias internacionales
El Departamento del Tesoro emitió un aviso que sanciona a cualquier persona extranjera que opere en los sectores electrónicos, manufactura, marítimo y tecnológico de Cuba. Esto implica que las empresas y personas señaladas quedan bloqueadas del sistema financiero estadounidense.
Entre los sancionados figura Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta de GAESA, conglomerado empresarial con amplios intereses en la economía cubana.
Estas medidas buscan limitar el acceso a recursos y operaciones internacionales de las entidades sancionadas, profundizando la presión económica sobre el gobierno cubano y sus estructuras militares.
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