Internacional, 8 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el inicio de trámites para revocar la ciudadanía a 17 personas naturalizadas en todo el país. Esta acción forma parte de una campaña intensificada durante la administración de Donald Trump contra ciudadanos que habrían obtenido su nacionalidad de forma fraudulenta.
Las autoridades federales indicaron que algunas de las personas involucradas enfrentan acusaciones graves, incluyendo fraude y abuso sexual contra menores. La desnaturalización, proceso por el cual se retira la ciudadanía a un naturalizado, es un procedimiento poco común que solo puede ejecutarse mediante un tribunal federal.
Históricamente, Estados Unidos ha aplicado la revocación de ciudadanía por diversas razones, desde falsificación de datos personales hasta vínculos políticos cuestionables. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se revisaron casos de naturalizados de origen alemán con simpatías nazis.
En comparación, durante la administración de Joe Biden se presentaron 24 casos de desnaturalización, cantidad que la actual administración ya ha superado en el último año. En mayo pasado, el gobierno también inició procesos para retirar la ciudadanía a una docena de personas.
Todd Blanche, fiscal general interino, declaró que obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y que la política actual mantiene una postura de tolerancia cero frente a abusos en este proceso. Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, afirmó que continuarán utilizando todos los recursos legales para desnaturalizar y expulsar a extranjeros cuando corresponda.
Contexto y repercusiones legales
La desnaturalización requiere pruebas contundentes y la intervención de tribunales federales, lo que limita su frecuencia pero subraya el compromiso del gobierno con la integridad del proceso migratorio. Esta campaña representa un cambio significativo en la política migratoria estadounidense, con un enfoque más riguroso en la revisión de casos de naturalización.
Impacto en la comunidad naturalizada
Este tipo de acciones genera preocupación entre las comunidades naturalizadas, quienes ven amenazada su estabilidad legal y social. Además, plantea un debate sobre los mecanismos de control y la protección de derechos dentro del sistema migratorio estadounidense.
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