
Internacional, 16 de septiembre de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cinco personas vinculadas a una red de asesinatos relacionada con los servicios de inteligencia rusos. La acusación señala que la organización, activa desde 2024, planeaba vigilancia y asesinatos selectivos contra disidentes rusos y ataques a infraestructuras en Europa y Estados Unidos.
Entre los acusados figuran un exoficial de inteligencia ruso, su hijo, dos ciudadanos cubanos y un venezolano, todos prófugos y presuntamente en Rusia. La Fiscalía de Nueva York identificó a Yuri Khrameev, excoronel ruso, y a su hijo Kirill Khrameev, oficial del FSB, como miembros de alto rango. También destaca Oemis Romagoza Durruthy, cubano residente en Rusia, encargado de logística y coordinación.
Yaidel Delgado Suárez y Ángel Eduardo Castro, cubano y venezolano respectivamente, son señalados como reclutadores que intentaron captar personas en Estados Unidos para vigilar y asesinar a un disidente ruso. Según la acusación, Suárez ofreció hasta 40 mil dólares para eliminar a un objetivo en Brooklyn, quien rechazó realizar el crimen personalmente.
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20260916-red-de-asesinatos-vinculada-a-rusia-incluye-a-tres-latinoamericanos-claves-de-la-imputaci%C3%B3n-en-ee-uu
Operaciones y objetivos de la red de asesinatos vinculada a Rusia
La red, denominada “Red RIS” por el Departamento de Justicia, buscaba reclutar agentes para vigilancia y asesinatos de opositores al Kremlin, además de planear actos de terrorismo y sabotaje en países aliados de Ucrania. Se le atribuyen ataques coordinados en Praga y Lituania, dirigidos a infraestructuras estratégicas, como instalaciones de radio y transporte.
En uno de los casos, Kirill Khrameev reclutó a un ciudadano estadounidense para vigilar a un objetivo en Lituania y posteriormente le ofreció 25 mil dólares para asesinarlo o atacar instalaciones. La investigación fue liderada por la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York, con apoyo de otras oficinas federales.
Implicaciones y seguimiento judicial
Los cinco acusados enfrentan cargos por conspiración para financiar el terrorismo, con penas de hasta 20 años de prisión. Tres de ellos también están imputados por conspiración para cometer asesinato por encargo. Ninguno ha sido detenido y se presume su inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.
El fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg, calificó los planes como una amenaza a la seguridad estadounidense y una violación a la soberanía. El FBI destacó que la investigación buscó impedir actos violentos dirigidos por servicios extranjeros dentro de Estados Unidos.
Este caso refleja la preocupación de Washington por las operaciones rusas dirigidas contra opositores en el extranjero, en un contexto de tensiones internacionales y denuncias previas sobre ataques y envenenamientos atribuidos a Rusia.
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