Internacional, 29 de julio de 2026.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha adoptado el modelo Bukele para enfrentar la inseguridad en el país, replicando estrategias de militarización y construcción de megacárceles similares a las implementadas en El Salvador. Sin embargo, pese a estas medidas, la violencia no ha disminuido y en 2025 se registraron 9,216 homicidios, un aumento del 30.48% respecto al año anterior.
Desde enero de 2024, Noboa declaró un conflicto armado interno y ordenó a las fuerzas armadas neutralizar a 22 grupos criminales. Aunque la Fiscalía General reportó una reducción del 40% en denuncias de extorsión y una ligera baja en secuestros, el alza en homicidios evidencia que Ecuador vive uno de sus periodos más violentos.
La estrategia oficial incluye estados de excepción extendidos y despliegue militar para recuperar el control territorial. En diciembre de 2025, Noboa afirmó haber tomado decisiones difíciles para enfrentar el narcoterrorismo, pero expertos cuestionan la efectividad del modelo Bukele en Ecuador.
El modelo Bukele y sus limitaciones en Ecuador
El investigador Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, señala que Ecuador ha importado la “estética” del modelo Bukele, mostrando a criminales en condiciones severas, pero sin lograr controlar el crimen organizado. La megacárcel construida en Ecuador tiene capacidad para 740 personas, muy inferior a la del Cecot en El Salvador, lo que limita su impacto.
La académica Karen Sichel, de la Universidad de Cambridge, explica que las diferencias sociales, geográficas y la naturaleza del crimen organizado en Ecuador dificultan replicar el modelo salvadoreño. Mientras El Salvador enfrenta pandillas urbanas, Ecuador lidia con redes transnacionales de narcotráfico con financiamiento ilimitado y territorios diversos, incluyendo zonas de difícil acceso como la Amazonía.
Además, la fragmentación de grupos criminales y su expansión a más de 150 cantones complican el control estatal. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado destaca que estos grupos diversificaron sus actividades ilícitas hacia minería ilegal, tráfico de personas, armas y lavado de activos.
Desafíos sociales y políticos en la lucha contra la inseguridad
El lavado de activos es un motor estratégico que legitima el narcotráfico y otros delitos, involucrando a profesionales y funcionarios en actividades ilícitas. Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio, señala que la economía lícita e ilícita están conectadas mediante facilitadores legales y financieros.
La autorización para porte e importación de armas desde 2023 ha generado una privatización de la seguridad, según la investigadora Carla Álvarez. Esto ha incrementado la circulación de armas y la inseguridad. Además, la reutilización de armamento incautado, inspirada en El Salvador, ha sido criticada por expertos por complicar el manejo de arsenales.
En el plano político y social, el gobierno enfrenta críticas por violaciones a derechos humanos y restricciones a la libertad de prensa. Organizaciones como Human Rights Watch y Naciones Unidas han señalado ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. La Comisión Permanente en Defensa de los Derechos Humanos denuncia un ambiente hostil para activistas y defensores.
Para Luis Córdova, la estrategia de Noboa ha llevado a un proceso de autocratización ante el fracaso en mejorar la seguridad. El presidente, por su parte, rechaza acusaciones de socavar la democracia y acusa a opositores de vínculos con el narcotráfico.
La adopción del modelo Bukele en Ecuador refleja un intento por controlar la inseguridad, pero las complejidades sociales, geográficas y políticas del país evidencian que esta estrategia enfrenta importantes desafíos para lograr resultados efectivos.
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