28 DE MAYO DEL 2026 – LOCAL. El sistema de renta de bicicletas compartidas, conocido como “Biciplaya”, fue retirado por completo de la ciudad tras una petición formal de Juan Carlos Tun Centeno, titular de la dirección de movilidad de solidaridad. A pesar de que el funcionario negó públicamente tener conocimiento de este movimiento, documentos oficiales confirman que él mismo estuvo involucrado.
La salida de este servicio se detalla en un oficio entregado en febrero por la empresa Promourb, encargada de operar los parquímetros a través de Playaparq. En el documento, la compañía responde directamente a la solicitud hecha por la dependencia de movilidad de solidaridad para dar por terminada la operación de las bicicletas de uso público. Los motivos principales expuestos por la empresa para aceptar la cancelación fueron la baja demanda por parte de los usuarios y las constantes afectaciones por vandalismo que sufrían las unidades en los puntos de estación.
De acuerdo con el calendario acordado, el proceso de retiro comenzó el pasado 6 de febrero y finalizó el 27 de marzo, concluyendo de manera definitiva con el cierre de la aplicación móvil el 31 de ese mismo mes. Pese a que el cronograma y las cartas demuestran una coordinación estrecha con la jefatura de movilidad de solidaridad, el director Tun Centeno sostuvo falsamente en declaraciones ante la prensa que se había enterado de la desaparición de las bicicletas una vez que las calles ya estaban vacías.
El origen del sistema de transporte alternativo y el contrato municipal
Su implementación sirvió en gran medida para justificar ante la ciudadanía la concesión del espacio público y el cobro de estacionamiento en las calles del centro de Playa del Carmen. El contrato original obligaba a la empresa a mantener activos tanto los parquímetros como las bicicletas, aunque se permitían cambios si existía un permiso por escrito de la autoridad de movilidad de solidaridad.
especialistas locales en planeación urbana señalan que la desaparición de este servicio deja una profunda deuda en la infraestructura verde de la ciudad. Originalmente, el dinero recaudado por los parquímetros debía destinarse en un porcentaje a la mejora de ciclovías y pasos peatonales; al eliminarse las bicicletas públicas, el centro de Playa del Carmen pierde su única alternativa de transporte ecológico regulado, obligando a los usuarios de distancias cortas a depender nuevamente del transporte público tradicional o de vehículos motorizados, lo que incrementa el tráfico en el primer cuadro.
Falta de transparencia ante el Cabildo y los ciudadanos del municipio
La decisión se manejó con total hermetismo, al grado de que los propios regidores del Ayuntamiento desconocían la situación. Javier Renán Santos Morales, regidor encargado de vigilar las acciones de la oficina de movilidad de solidaridad, confesó en su momento que no sabía si el retiro era legal o si la empresa estaba incurriendo en una falta grave a sus obligaciones contractuales. La falta de comunicación oficial provocó semanas de incertidumbre entre los habitantes que usaban cotidianamente este transporte.
Para justificar la pérdida del servicio, el director de la coordinación de movilidad de solidaridad argumentó de forma incorrecta que las bicicletas eran solo un agregado secundario al contrato y que la tecnología del sistema ya era obsoleta. Sin embargo, los documentos demuestran que el programa era una pieza clave del acuerdo legal original, por lo que su cancelación sin el aval del Cabildo podría traer consecuencias jurídicas y administrativas para el municipio en el corto plazo.
MAS NOTAS LOCALES EN: https://olanoticias.com/category/locales/
