Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, negó tener ingresos superiores a los de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y rechazó las acusaciones de corrupción durante la conferencia matutina celebrada este lunes en Palacio Nacional.
Romero Oropeza calificó como una “campaña de difamación” las publicaciones de medios como Reforma, El Universal y TV Azteca, que cuestionaron su declaración patrimonial y señalaron que posee terrenos, departamentos y un salario mayor al de la titular del Ejecutivo federal.
El funcionario aseguró que su sueldo es equivalente al de un subsecretario de Estado y que tanto su salario como el de la presidenta están publicados oficialmente. Además, reiteró que siempre ha reportado su patrimonio y que este no ha crecido de forma irregular durante sus años como servidor público.
Explicó que la adquisición de departamentos se realizó mediante contratos de compra-venta firmados en marzo de 2018 y que ha utilizado créditos bancarios para ello. También negó poseer autos, joyas u obras de arte, y señaló que no proviene de una familia con costumbres o nivel socioeconómico para adquirir esos bienes.
Acusaciones y defensa del director de Infonavit
Romero Oropeza atribuyó la polémica a la implementación del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Sheinbaum. Afirmó que algunos medios han intentado desvirtuar los avances del programa con señalamientos de corrupción.
“No todos somos iguales”, enfatizó, diferenciándose de quienes, dijo, se dedican a mentir y cobrar por ello. Rechazó que haya ocultado información en su declaración patrimonial y criticó que los medios hayan pervertido el oficio de informar a la ciudadanía.
Transparencia y próximos pasos en la revisión patrimonial
El director del Infonavit insistió en que su patrimonio es público y verificable, y que la transparencia es un principio en los gobiernos de la Cuarta Transformación. La controversia generada ha puesto en la mira la revisión de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.
Este caso podría impulsar una revisión más rigurosa de los procesos de transparencia y rendición de cuentas en el sector público, especialmente en programas sociales como Vivienda para el Bienestar.
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