Ciudad de México, 2 de agosto de 2026.- Diputados federales del PAN manifestaron su preocupación por la situación de miles de jóvenes rechazados en el proceso de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Consideran que no se trata solo de una falla técnica, sino de una injusticia social que afecta a estudiantes en todo el país.
La diputada Genoveva Huerta señaló que el gobierno federal debe explorar convenios con instituciones y empresas para facilitar becas en el extranjero a estos jóvenes. Destacó que muchos aspirantes dedicaron meses a prepararse con esfuerzo y sacrificios personales, por lo que merecen oportunidades para continuar sus estudios fuera de México.
Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN, agregó que existen múltiples programas de intercambio en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Francia y Alemania. Propuso que el gobierno de Claudia Sheinbaum inicie negociaciones para obtener becas que permitan a los rechazados de la UNAM acceder a una movilidad académica global.
Además, Rafael Calderón Jiménez, consejero del PAN, denunció irregularidades en el examen en línea de la UNAM, como filtración de preguntas y uso indebido de tecnologías. Afirmó que estas prácticas han sustituido la meritocracia por el fraude, afectando a quienes realmente se prepararon para ingresar a la universidad.
Calderón enfatizó que, aunque el PAN respalda la autonomía universitaria, exige que se investigue y sancione a las mafias que lucran con la venta de respuestas y servicios fraudulentos. Subrayó que la educación superior pública debe ser un espacio de justicia y excelencia para todos los jóvenes mexicanos.
Becas en el extranjero como alternativa para rechazados
La propuesta de los legisladores del PAN busca que los jóvenes afectados tengan opciones concretas para continuar su formación académica. La movilidad internacional podría ser una vía para evitar que el rechazo en la UNAM limite sus oportunidades educativas.
Impacto y exigencias para garantizar transparencia
El reclamo también apunta a mejorar la transparencia en los procesos de admisión y a erradicar el fraude que pone en riesgo el derecho a la educación. Los diputados llaman a que se tomen medidas firmes para proteger la honestidad en las aulas y el esfuerzo de los estudiantes.
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