Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- Diputados locales de Morena y del Partido del Trabajo (PT) participaron en la marcha por agua potable realizada el domingo en Guadalajara, Jalisco, informó el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga en Aristegui en Vivo.
Arteaga identificó a los legisladores Leonardo Almaguer, del PT, y Mariana Casillas, de Morena, como participantes activos en la movilización. Aunque reconoció que tienen derecho a acudir como ciudadanos, señaló que su presencia implica responsabilidades políticas.
El periodista trabaja en obtener imágenes de cámaras de seguridad pública que muestran a los diputados conversando y coordinando con grupos antes del inicio de la marcha. Según Arteaga, tres diputados locales del bloque de Morena en el Congreso de Jalisco estuvieron involucrados.
Cámaras del C4 documentaron la llegada de autobuses procedentes de Nayarit, específicamente de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, con personas que se trasladaron para sumarse a la protesta. El comité estatal de Morena en Nayarit convocó a militantes y ciudadanos y facilitó transporte para acudir a Guadalajara.
Distinción entre protesta y actos vandálicos
Arteaga distinguió entre la protesta ciudadana legítima por la calidad y abasto de agua y los actos vandálicos posteriores. Al inicio, civiles reprobaron la presencia de encapuchados y les pidieron separarse para evitar violencia.
Durante los disturbios se registraron daños en edificios históricos, incluyendo portones con cerca de 200 años de antigüedad. Entre los detenidos está Cristófero Antonio Camacho Paredes, militante activo de Morena desde agosto de 2025, quien fue capturado junto con otras cuatro personas en una camioneta con reporte de robo tras prender fuego a la puerta del Congreso de Jalisco.
Implicaciones políticas y seguimiento
El periodista señaló que las autoridades de Jalisco modificaron su estrategia de seguridad para la segunda marcha, optando por acompañar a manifestantes civiles en lugar de contenerlos. Además, continúa la recopilación de evidencia para documentar la posible coordinación entre legisladores y grupos que derivaron en actos violentos.
Finalmente, subrayó que, aunque la protesta por el acceso al agua es legítima, las autoridades deben determinar responsabilidades individuales por los daños y actos vandálicos ocurridos durante la movilización.
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