Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. La iniciativa fue avalada con 419 votos a favor y enviada al Senado para su análisis.
La diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, explicó que este delito había permanecido invisibilizado por la falta de una tipificación específica. Señaló que el reclutamiento forzado se realiza mediante engaños, amenazas, violencia o aprovechamiento de la vulnerabilidad de personas en comunidades marginadas.
De acuerdo con la legisladora, combatir este delito es fundamental para proteger la libertad y los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes, quienes son los principales afectados. La diputada del PT, Lilia Aguilar, destacó que muchos menores son forzados a participar en actividades ilícitas como la siembra de amapola bajo amenazas o engaños.
La diputada del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, citó datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estiman que al menos 30 mil menores están involucrados en actividades del crimen organizado en México. Además, entre 150 mil y 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados.
Reformas y sanciones establecidas
La reforma establece penas de 10 a 20 años de prisión y multas de 5 mil a 50 mil días a quienes recluten personas para el crimen organizado. Se considera reclutamiento forzado cuando se usa intimidación, coacción, violencia o abuso de poder, sin importar el medio empleado.
Las sanciones aumentan hasta 30 años si las víctimas son menores de 18 años. En estos casos, no se requiere probar violencia o engaño, y el supuesto consentimiento del menor no exime de responsabilidad al reclutador. Además, las penas se incrementan hasta en 50% si el responsable es o fue funcionario de seguridad o si el delito afecta a grupos vulnerables como indígenas, afromexicanos, migrantes o personas con discapacidad.
Impacto y siguiente paso legislativo
Con esta reforma, el Congreso busca cerrar un vacío legal que dificultaba la persecución de este delito. La iniciativa ahora será analizada por el Senado para su posible ratificación y entrada en vigor. La medida pretende proteger a las poblaciones más vulnerables y reducir la influencia del crimen organizado en México.
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