Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece un esquema de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet por infracciones cometidas por usuarios. La reforma fue avalada con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención.
El dictamen modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies, buscando fortalecer la protección de derechos de autor en entornos digitales y armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales, especialmente los del T-MEC.
Entre las nuevas disposiciones, los proveedores deberán contar con una política pública para la terminación del servicio a usuarios reincidentes, la cual debe estar disponible en sus sitios web y en los términos y condiciones del servicio. Además, podrán ser responsables si incumplen el régimen de “puerto seguro”, contribuyen o inducen conductas infractoras, tienen conocimiento de ellas, o controlan al usuario y obtienen un beneficio financiero directo.
Las sanciones establecidas incluyen multas que van desde 500 hasta 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con multas adicionales para quienes persistan en la infracción. Estas medidas buscan evitar la piratería y proteger a autores y artistas, según diputados que respaldaron la reforma.
Sin embargo, organizaciones civiles como Artículo 19 alertaron que la reforma puede incentivar la censura y el retiro preventivo de contenidos en internet. La organización señaló que las nuevas obligaciones podrían llevar a plataformas digitales a eliminar contenidos legítimos antes de determinar su legalidad, afectando la libertad de expresión y el derecho a la información.
Artículo 19 pidió al Senado abrir un diálogo para crear un marco legal que proteja los derechos de autor sin restringir desproporcionadamente la libertad de expresión ni fomentar la vigilancia o censura privada.
Debate legislativo y posturas encontradas
Durante la discusión, el diputado Jesús Valdés Peña defendió la reforma como una medida para proteger la cultura y los derechos de los creadores. En contraste, el panista Marcelo de Jesús Torres la calificó como una “ley mordaza digital” que podría restringir el acceso a internet sin debido proceso.
Otros legisladores expresaron preocupaciones sobre el equilibrio entre derechos patrimoniales y libertad de expresión, señalando riesgos de decisiones arbitrarias y falta de garantías para usuarios.
Implicaciones para proveedores y usuarios
La reforma establece que los proveedores no serán responsables automáticamente por contenidos de terceros, pero sí cuando incumplan condiciones específicas. Esto implica mayor control y monitoreo de las plataformas sobre las publicaciones de sus usuarios para evitar sanciones.
El siguiente paso será la discusión en el Senado, donde se espera que se analicen las preocupaciones sobre posibles efectos en la libertad digital y la censura.
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