Internacional, 8 de junio de 2026.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negó que los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, cuenten con permisos especiales para ingresar al país, conocidos como “parole” o libertad condicional por beneficio público significativo.
Esta información fue confirmada por el medio La Opinión tras solicitar datos oficiales al DHS. El permiso “parole” permite a personas permanecer legalmente en suelo estadounidense sin visa, usualmente cuando cooperan con autoridades o representan un beneficio para el gobierno o la seguridad nacional.
El periodista Jesús García reportó que, mediante correo electrónico, el DHS respondió que ni Durazo ni Villarreal han recibido este tipo de autorización especial.
El pasado 3 de enero, Los Angeles Times informó que ambos gobernadores están bajo investigación por parte del gobierno estadounidense durante la administración de Donald Trump. Según ese reporte, a ambos se les revocó la visa; Durazo por presuntos vínculos con el crimen organizado y Villarreal por tráfico de combustible, conocido como huachicol.
Ambos funcionarios han rechazado las acusaciones y aseguraron actuar con transparencia en sus cargos.
Este caso se suma a recientes señalamientos contra otros funcionarios mexicanos, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y favores electorales.
Contexto de las investigaciones y repercusiones
Las investigaciones en Estados Unidos sobre funcionarios mexicanos han generado tensiones diplomáticas, con el gobierno mexicano exigiendo pruebas concretas para respaldar las acusaciones. La negativa del DHS a otorgar permisos especiales a Durazo y Villarreal refleja la complejidad de estos procesos legales y políticos.
El programa “parole” y su uso en casos legales
El “parole” es un mecanismo excepcional que permite la entrada a Estados Unidos sin visa formal, generalmente para personas que colaboran con investigaciones o testifican ante tribunales. La ausencia de este permiso para los gobernadores implica que no están bajo ese esquema de colaboración oficial con las autoridades estadounidenses.
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