Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvo a cinco personas por su probable participación en extorsiones mediante la suplantación de identidad de funcionarios públicos.
Los detenidos, entre ellos Luis “N”, su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, además de Agustín Arturo “N”, escolta, operaban desde una residencia en el fraccionamiento La Providencia, Metepec, Estado de México.
Este grupo criminal se hacía pasar por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionarios de la Presidencia de la República y autoridades del gobierno estatal para obtener beneficios económicos y laborales.
La SSPC informó que Luis “N” fue Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas en Michoacán entre 2012 y 2013. Además, cuenta con antecedentes por peculado y fue inhabilitado en esa entidad, pero continuó presuntamente con actividades ilícitas en complicidad con su familia.
El modus operandi consistía en contactar a las víctimas mediante llamadas y mensajes de texto, utilizando números personales obtenidos a través de una red de relaciones construida durante años en el servicio público. Para ello, emplearon al menos 19 dispositivos móviles con tarjetas SIM aseguradas que coinciden con reportes de las víctimas.
Las investigaciones permitieron identificar la estructura y operación del grupo, que generaba confianza para extorsionar a sus objetivos. La Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias para esclarecer el alcance de sus actividades y posibles cómplices.
Suplantar identidad de funcionarios para extorsionar
El caso revela cómo exfuncionarios públicos pueden aprovechar su conocimiento y contactos para delinquir. La detención de este grupo busca frenar la creciente tendencia de fraudes que afectan a ciudadanos y autoridades.
Investigación y seguimiento del caso en Edomex
Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a más involucrados y desarticular la red criminal. Además, se analiza la posible recuperación de recursos obtenidos ilícitamente.
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